El Poder Ejecutivo remitió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (26.639), con el que busca “clarificar” el alcance de la norma y reforzar el rol de las provincias en la gestión ambiental. La iniciativa ingresó durante las sesiones extraordinarias, acompañada por el Mensaje Nº 36/2025.
El texto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, apunta a despejar lo que el Gobierno define como “controversias interpretativas” surgidas desde la sanción de la ley, hace 15 años, y a reafirmar las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación vigente generó incertidumbre sobre el objeto de protección y las prohibiciones aplicables a glaciares y ambiente periglacial, lo que habría impactado en el desarrollo de actividades productivas. En ese marco, recuerdan los reclamos recientes de gobernadores de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre.
Entre los cambios centrales, el proyecto redefine el objeto de la ley y limita la protección a glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas. Además, incorpora una pauta interpretativa alineada con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que promueve el uso racional de los recursos naturales.
La iniciativa también crea el artículo 3° bis, que establece que toda geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares estará protegida hasta que la autoridad ambiental provincial determine que no cumple funciones hídricas. Esa información deberá ser comunicada al IANIGLA para actualizar el inventario.
Otro punto clave es la modificación del régimen de prohibiciones: solo se aplicarán sobre glaciares y geoformas que las provincias identifiquen como relevantes desde el punto de vista hídrico. Serán las autoridades locales las encargadas de definir, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto altera de manera significativa el glaciar o su función.
El proyecto mantiene la exigencia de evaluación de impacto ambiental para toda actividad en zonas glaciares o periglaciares, con excepciones para tareas científicas no invasivas, rescates y actividades deportivas no motorizadas.
El Gobierno enmarca la reforma en los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo 2024 y asegura que no implica una baja en los estándares de protección ambiental, sino un ordenamiento más claro y federal.
La iniciativa quedó en manos de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y será tratada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
