Este martes por la mañana se reanudará el debate oral por la causa conocida como Cuadernos, vinculada a las anotaciones del exchofer Oscar Centeno. El Tribunal Oral Federal N.º 7 concluirá la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente correspondiente al tramo denominado “La Camarita”.
En esta etapa del juicio se expondrá el caso de Luis Armani, presidente de la empresa Vialmani S.A. entre los años 2003 y 2015. Según la UIF, está probada la existencia de pagos por un millón de pesos realizados en 2013. Además, el propio Armani habría reconocido haber entregado dinero en efectivo al financista Ernesto Clarens con el objetivo de destrabar certificados de obra pública que se encontraban demorados.
De acuerdo con la acusación, durante ese período la empresa de Armani recibió 18 adjudicaciones viales por más de 2.000 millones de pesos, tanto de manera individual como a través de uniones transitorias con otras constructoras.
Otro de los casos que se abordará en la audiencia es el de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente de Esuco S.A. y accionista de Decavial S.A. A Wagner se le atribuyen más de media docena de pagos de dádivas y numerosos contactos telefónicos con exfuncionarios nacionales, entre ellos Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Claudio Uberti y Cristina Fernández de Kirchner.
Subsidios ferroviarios, otro eje del juicio
Además, el TOF 7 abrirá la lectura de la acusación correspondiente al tramo de los subsidios al sistema ferroviario. En este segmento, la imputación fiscal sostiene que existió un esquema de recaudación ilegal a partir de los fondos estatales destinados al funcionamiento de los trenes de pasajeros.
Según la acusación, los subsidios, que debían cubrir déficits operativos del servicio ferroviario, fueron utilizados como fuente de pago de sobornos a funcionarios nacionales. El mecanismo incluía la asignación discrecional de fondos, la sobrefacturación de costos, la simulación de gastos y la falta de controles, lo que permitía generar excedentes que luego eran desviados.
En el centro de este tramo de la causa aparecen el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado como uno de los principales organizadores del sistema, y su sucesor Juan Pablo Schiavi, acusado de haber dado continuidad a las maniobras. También figura Claudio Uberti, ex titular del Occovi, a quien se le atribuye haber actuado como nexo entre el Estado y las empresas beneficiadas.
Para el fiscal Carlos Stornelli, los empresarios retiraban dinero de las compañías y lo entregaban en efectivo a funcionarios en un circuito clandestino que incluía encuentros pactados y el traslado de bolsos con dinero.
