La Justicia federal ordenó este martes al Poder Ejecutivo que aplique de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma provisoria, el decreto que había frenado la actualización de los salarios docentes y las becas para estudiantes.
La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras entidades del sistema universitario. La información fue confirmada por medios nacionales con acceso a fuentes judiciales.
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025, en la parte en la que condicionaba la puesta en marcha de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente de dónde saldrían los fondos para financiarla.
Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo resulta, en esta etapa inicial del proceso, una medida arbitraria y contraria a la Constitución. El juez explicó que, una vez que el Congreso insistió con la ley —tal como prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional—, no corresponde frenar su aplicación mediante un decreto.
La medida cautelar ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de los fondos destinados al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. Esta decisión estará vigente hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Los fundamentos del fallo
En los argumentos de su resolución, Cormick advirtió que no cumplir con la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación”, al señalar la pérdida constante del poder adquisitivo de los ingresos de docentes y trabajadores universitarios. Además, indicó que esta situación afecta derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales.
El juez también rechazó el argumento del Gobierno basado en el interés público y sostuvo que el deterioro salarial no solo perjudica a los trabajadores, sino que impacta directamente en el derecho a enseñar y a aprender. En ese sentido, remarcó que el supuesto ahorro fiscal tendría un efecto limitado, estimado en alrededor del 0,23 % del Producto Bruto Interno.
Por último, la resolución cuestionó que el Ejecutivo intente condicionar la vigencia de una ley aprobada por el Congreso mediante una norma de menor jerarquía, lo que podría vulnerar el principio de división de poderes.
El fallo aclaró que se trata de una medida provisoria y que no adelanta una opinión definitiva sobre el fondo del conflicto, pero consideró que se cumplen los requisitos legales para ordenar la aplicación inmediata de la ley.
