El pleno del Senado realizará este viernes una sesión clave con la que busca ponerle punto final al año parlamentario y avanzar en la sanción de dos leyes centrales para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la denominada ley de “inocencia fiscal”. La atención estará puesta principalmente en el proyecto de gastos y recursos, que genera fuertes tensiones con sectores de la oposición dialoguista y anticipa una votación ajustada en la discusión en particular.
La sesión fue convocada para las 12 en el recinto de la Cámara alta, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por el presidente Javier Milei hasta el próximo martes 30 de diciembre.
Antes de ingresar de lleno al debate legislativo, la jornada tendrá dos momentos relevantes. En primer lugar, el rionegrino Enzo Fullone deberá jurar como senador en reemplazo de Lorena Villaverde, quien nunca pudo asumir su banca debido a su situación judicial. Además, al inicio de la sesión se esperan fuertes reclamos del renovado interbloque kirchnerista —ahora denominado “Popular”— por el reparto de comisiones acordado entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Desde La Libertad Avanza aseguran estar preparados para ese escenario y recuerdan antecedentes de disputas similares en gestiones anteriores.
Superados esos primeros cruces —a los que podrían sumarse homenajes o cuestiones de privilegio—, el Senado avanzará con el tratamiento de las iniciativas centrales. El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a los $1.423 en diciembre del próximo año. Según la Casa Rosada, el superávit primario alcanzaría el 1,5% del PBI y el financiero el 0,2%, mientras que las exportaciones crecerían un 10,6%.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. Este apartado ya generó quejas de gobernadores y reclamos desde distintas provincias.
También provoca resistencias el artículo 12, que establece mayores exigencias de información para las universidades nacionales. La norma obliga a las casas de altos estudios a presentar datos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y habilita la interrupción de transferencias en caso de incumplimientos.
En cuanto a los apoyos, el oficialismo estima contar con 21 senadores de La Libertad Avanza —ya con la incorporación de Fullone—, 10 de la UCR, tres del PRO y un grupo de legisladores provinciales, lo que sumaría alrededor de 44 votos. Sin embargo, no todos estarían dispuestos a acompañar el proyecto sin modificaciones, por lo que el respaldo de algunos peronistas alineados con sus gobernadores podría resultar decisivo. En ese escenario, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, seguirá de cerca cada movimiento.
