El Gobierno nacional oficializó este miércoles el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, como parte del proceso de privatización de la infraestructura vial que impulsa la gestión actual, informaron medios locales.
La convocatoria fue publicada mediante la Resolución 112/2026 en el Boletín Oficial y forma parte de la denominada Etapa II‑B de la Red Federal de Concesiones, un plan que busca transferir la operación, explotación y mantenimiento de tramos viales al sector privado.
Tramos estratégicos y alcance de la licitación
El proceso contempla cuatro corredores principales que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y abarcan rutas de importancia estratégica para el transporte de carga y la conectividad regional:
- Corredor Mediterráneo: 672 km que conectan zonas productivas del centro del país.
- Corredor Puntano: 720 km vinculando provincias del centro y oeste del país.
- Portuario Sur: 637 km que facilitan accesos logísticos a puertos y nodos comerciales.
- Portuario Norte: 528 km que unen polos industriales y portuarios.
Los interesados en participar del proceso tendrán tiempo hasta el 7 de mayo para presentar sus ofertas a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, según precisó el Ministerio de Economía.
Objetivos del plan y postura oficial
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que esta licitación forma parte de un plan más amplio para modernizar la red vial, reemplazar un modelo que calificó como “deficitario” y promover una gestión sin subsidios públicos, con mayor transparencia y participación del sector privado.
Entre las rutas incluidas en esta etapa se encuentran la RN 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de accesos estratégicos como A005 y A008, que forman parte de corredores clave para el transporte de pasajeros y cargas.
Reacciones y contexto
La medida se da en el marco de un plan de transformación de la infraestructura vial nacional que incluye etapas precedentes de concesiones y privatizaciones de tramos de la red vial, un proceso que ha generado debates sobre el rol del Estado en la gestión de rutas y la participación del capital privado.
Con la firma de la resolución y el avance de la licitación, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema donde el mantenimiento y la operación de extensos tramos de la red vial dependan de concesionarios privados, marcando un hito en la política de infraestructura y transporte del país.
