La Cámara de Diputados de la Nación Argentina puso en marcha un plan de retiros voluntarios para empleados legislativos, en el marco de las políticas de ajuste del gasto público promovidas por el Gobierno nacional. La medida fue oficializada este lunes mediante la resolución 56/25, que está vigente desde el 1° de enero de 2026 y se extenderá por 90 días.
¿En qué consiste el plan?
El llamado “Régimen de Retiro Previo a la Jubilación” está dirigido al personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria que cumple con ciertos requisitos:
- Tener 30 años de aportes al sistema previsional.
- Haber cumplido funciones por hasta 60 meses en la Cámara.
- Tener 60 años o más para varones y 55 años o más para mujeres.
- En el caso de temporarios, contar con antigüedad superior a dos años en estructuras orgánicas aprobadas.
Los empleados que acepten esta propuesta recibirán una indemnización equivalente a su salario bruto más un 10% adicional. El programa cuenta con un tope de 300 vacantes, por lo que no todos los interesados podrán acogerse automáticamente.
En el contexto del ajuste estatal
La medida se inscribe en el marco de las políticas de ajuste que impulsa el Ejecutivo, conocido popularmente como “motosierra”, orientadas a reducir el gasto público y optimizar la estructura del Estado. Esta expresión se utiliza para describir la intención del Gobierno de recortar personal y reorganizar dependencias, una política que, según distintos informes, ya generó pérdida de miles de empleos públicos desde el inicio de la gestión.
Además, este anuncio se produjo poco después de que el presidente Javier Milei inaugurara el período de sesiones ordinarias, marcando avances en su agenda de reformas, que incluye cambios tributarios, civiles y comerciales, entre otros temas prioritarios para su administración.
Qué significa para los empleados
El plan brinda una salida voluntaria para trabajadores con carrera y años de aportes, ofreciéndoles una compensación económica inmediata a cambio de su desvinculación. Sin embargo, al ser un régimen limitado en cupos, muchos empleados deberán evaluar si adherirse o no, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y laborales.
La iniciativa se presenta como una forma de “hacer más eficiente” el funcionamiento de la Cámara baja, aunque también forma parte de un debate más amplio sobre el rol del Estado, el empleo público y el impacto de las políticas de ajuste en los trabajadores y en la calidad de los servicios que se prestan.
