El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco dispuso que el Gobierno provincial debe garantizar la actualización de los salarios docentes, aunque rechazó la restitución automática de la cláusula gatillo, en un fallo que reconfigura el conflicto salarial en el sector educativo.
La decisión fue adoptada a través de la sentencia 70/26, en la que el máximo tribunal hizo lugar parcialmente a un recurso presentado por la Provincia y confirmó en parte un fallo previo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia.
Orden de actualizar salarios
En su resolución, el STJ instó al Poder Ejecutivo a adoptar “con carácter urgente y dentro de un plazo razonable” las medidas necesarias —tanto normativas como presupuestarias— para garantizar la integridad del salario docente y su adecuada actualización.
El fallo se da en el marco de una acción judicial impulsada por gremios docentes, que reclamaban mecanismos para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
Sin cláusula gatillo
Sin embargo, el tribunal dejó sin efecto el punto que ordenaba restablecer la cláusula gatillo —un mecanismo automático de actualización salarial ligado a la inflación— al considerar que la definición del sistema de recomposición salarial es competencia del Poder Ejecutivo y Legislativo, no de la Justicia.
En ese sentido, los jueces señalaron que la Cámara laboral se había excedido en sus atribuciones al fijar judicialmente un esquema específico de actualización.
Derechos y límites institucionales
Pese a ello, el STJ reconoció que eliminar herramientas que protejan el salario puede constituir una medida regresiva, y remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar una retribución justa acorde a estándares constitucionales e internacionales.
Además, subrayó la importancia de la función docente y la necesidad de preservar condiciones laborales dignas, vinculadas al derecho a la educación.
Disidencias y escenario abierto
El fallo no fue unánime: dos jueces expresaron una disidencia parcial al considerar que debía ordenarse de manera más directa la implementación de medidas concretas para asegurar la recomposición salarial.
Con esta resolución, el conflicto docente en la provincia suma un nuevo capítulo. Mientras la Justicia exige garantizar la actualización de los salarios, deja en manos del poder político la definición del mecanismo, en un contexto de tensión por la pérdida del poder adquisitivo y los reclamos gremiales.
