La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar y dispuso suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación. Las empresas deberán presentar información sobre el proyecto en un plazo de 10 días.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas y vinculado con las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La medida fue dispuesta por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una solicitud cautelar para frenar el inicio o la continuidad de obras relacionadas con el emprendimiento.
La decisión alcanza a las perforaciones, instalaciones submarinas y tareas vinculadas con el comienzo de la explotación petrolera.
La magistrada aclaró que se trata de una medida cautelar y, por lo tanto, no constituye una decisión definitiva sobre el proyecto ni sobre la responsabilidad de las empresas involucradas.
Qué deberán informar las empresas
La resolución establece que las compañías deberán presentar, dentro de los 10 días de ser notificadas, una declaración jurada y documentación que permita conocer el estado actual del proyecto Sea Lion.
Entre la información solicitada se encuentra:
- El cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación.
- La cantidad, ubicación y situación de los pozos.
- Los equipos de perforación y unidades flotantes contratados.
- Los contratistas y subcontratistas que participan del proyecto.
- La estructura societaria utilizada.
- Las entidades financieras y fondos vinculados al emprendimiento.
- Los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes.
- Las aseguradoras y reaseguradoras involucradas.
- Los estudios ambientales y análisis de riesgo.
- Las evaluaciones sobre posibles derrames y los planes de contingencia.
- Las obras terrestres y portuarias realizadas o proyectadas.
También deberán informar sobre futuras ampliaciones o la incorporación de nuevos pozos relacionados con el proyecto.
La medida también alcanza a las operaciones financieras
La presentación judicial solicita además impedir determinadas operaciones financieras destinadas a facilitar el desarrollo de Sea Lion.
Entre ellas se encuentran nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos y transferencias, aportes de capital, préstamos entre empresas vinculadas, constitución de garantías y otras operaciones relacionadas con el proyecto.
Qué pidió informar la Cancillería
La jueza también solicitó a la Cancillería argentina que informe, en un plazo de 10 días, si las empresas involucradas cuentan o contaron con algún permiso, autorización o consentimiento de autoridades argentinas para realizar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos que Argentina considera parte de su plataforma continental.
El objetivo es determinar si existieron autorizaciones otorgadas por organismos argentinos para este tipo de actividades.
También se investigará el impacto ambiental
Otro de los puntos de la resolución está relacionado con la situación ambiental del proyecto.
La jueza pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que informe si existen registros de algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental relacionado con Sea Lion o con futuras ampliaciones.
El organismo deberá indicar además si se emitió alguna declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o autorización equivalente.
En caso de que no exista actualmente un procedimiento, deberá informar al juzgado si se inicia uno posteriormente.
La causa continúa en etapa judicial
Con estas medidas, la Justicia busca reunir información sobre el estado del proyecto, su financiamiento, las obras previstas y la situación ambiental y administrativa.
Por el momento, la orden judicial suspende cautelarmente el avance de las actividades alcanzadas por la resolución. La medida es provisoria y la causa continuará su trámite antes de que exista una decisión definitiva sobre el fondo del conflicto.
