La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares luego de una extensa y polarizada sesión en la que el oficialismo de La Libertad Avanza logró reunir el quórum necesario y consolidar una mayoría con el respaldo de bloques aliados.
La sesión se inició con la presencia de 129 legisladores, el número mínimo requerido para habilitar el debate, gracias al acompañamiento de espacios como el PRO, la UCR y bloques provinciales . Tras más de 11 horas de discusión, el proyecto fue aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones .
La iniciativa impulsada por el Gobierno introduce cambios en los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, permitiendo una mayor flexibilidad para el desarrollo de actividades productivas, especialmente la minería. Además, otorga a las provincias un rol más relevante en la evaluación de los territorios y en la determinación de qué áreas deben ser protegidas .
Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para impulsar inversiones y potenciar el desarrollo económico en regiones cordilleranas. Legisladores afines sostuvieron que la modificación busca “aclarar conceptos” sin alterar el espíritu de protección ambiental, al tiempo que habilita a las provincias a tomar decisiones sobre sus recursos naturales .
En contraste, gran parte de la oposición rechazó el proyecto al considerar que implica un retroceso en materia ambiental. Diputados de distintos bloques advirtieron que la nueva normativa podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce y generar conflictos interjurisdiccionales, además de anticipar posibles presentaciones judiciales contra la ley .
El debate también estuvo atravesado por fuertes cruces políticos y múltiples intentos fallidos de la oposición para incorporar otros temas al temario, lo que reflejó el clima de alta tensión dentro del recinto.
Con la sanción definitiva, el Gobierno obtiene una victoria legislativa clave en su agenda, mientras que el futuro de la norma podría quedar sujeto a disputas judiciales y a la evolución de su implementación en las provincias.
