La investigación judicial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni sumó en las últimas horas un testimonio clave que aporta mayor claridad sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La declaración de una inmobiliaria permitió reconstruir parte de la operación y abrió nuevos interrogantes sobre el rol de los intermediarios y el valor real del inmueble.
El caso se originó a partir de sospechas sobre la evolución patrimonial del funcionario, particularmente por la adquisición de una propiedad ubicada en la calle Miró al 500, en una zona de alto valor inmobiliario dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la Justicia intenta determinar si existieron irregularidades en la compra, sobre todo por la participación de dos jubiladas que figuran como compradoras y luego vendedoras del inmueble.
Durante las últimas semanas, la causa avanzó con distintas medidas, entre ellas un procedimiento en la inmobiliaria que intervino en la primera operación. Allí se recolectó documentación y se tomó declaración a su titular, cuyo testimonio resultó central para entender cómo se desarrolló la transacción.
Según explicó la martillera que participó en la venta original, el departamento había sido publicado en 2024 a un valor de 340.000 dólares, un precio acorde al mercado de la zona. Sin embargo, tras varias negociaciones, la propiedad fue finalmente vendida a 200.000 dólares a las dos jubiladas que luego, tiempo después, la transfirieron a Adorni en una operación en la que la inmobiliaria ya no tuvo intervención.
Este punto es clave para la investigación, ya que la diferencia entre el valor de publicación y el precio de cierre, sumado a la posterior reventa, alimenta las sospechas sobre una posible maniobra para modificar el valor real del inmueble o encubrir la participación de terceros.
Las mujeres que figuran en la escritura son Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, ambas jubiladas. No obstante, la Justicia analiza si actuaron como compradoras reales o si solo prestaron su nombre para concretar la operación. En ese sentido, cobra relevancia la figura de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de ellas y allegado al funcionario, quien habría sido quien negoció la compra pese a no figurar formalmente en los documentos.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, tras adquirir el departamento a un valor considerablemente menor, las jubiladas lo vendieron a Adorni por unos 230.000 dólares, mediante un esquema de pago que incluyó un anticipo y el resto financiado sin intereses. Este mecanismo también es objeto de análisis, ya que podría indicar condiciones poco habituales para este tipo de operaciones.
Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existió una estructura de intermediación no declarada, si el precio del inmueble fue manipulado y cuál fue el verdadero rol de cada uno de los involucrados en la operación.
El expediente se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, con nuevas declaraciones testimoniales y análisis de documentación financiera. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, en un contexto donde la transparencia en el patrimonio de los funcionarios vuelve a estar en el centro del debate público.
Por ahora, el testimonio de la inmobiliaria aporta una pieza importante para reconstruir la secuencia de los hechos, aunque aún persisten dudas centrales que la investigación deberá esclarecer en las próximas etapas.
