El avance de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional volvió a abrir un foco de debate en el Congreso. Esta vez, el eje está puesto en el plan desregulador que promueve el ministro Federico Sturzenegger, que busca eliminar decenas de leyes vigentes, pero que ya enfrenta resistencias incluso dentro del propio bloque libertario.
La discusión se da en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo intenta avanzar con el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”. La iniciativa propone derogar cerca de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas o contrarias a la libertad económica y administrativa.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca reducir regulaciones y simplificar el funcionamiento del Estado. Según el oficialismo, muchas de esas leyes generan trabas burocráticas y afectan el desarrollo económico.
Sin embargo, a pesar de ser una propuesta impulsada por el propio oficialismo, en los últimos días comenzaron a surgir diferencias internas. Diputados del bloque libertario manifestaron dudas sobre el alcance y la conveniencia de tratar este proyecto en el actual contexto político.
Uno de los principales motivos de resistencia es estratégico: algunos legisladores consideran que no es el momento adecuado para debatir esta iniciativa, ya que podría complicar otras negociaciones clave en el Congreso. Entre ellas, reformas electorales y acuerdos legislativos que el Gobierno considera prioritarios.
Además, hay cuestionamientos concretos sobre algunos puntos del proyecto. Por ejemplo, la eliminación de beneficios para los propios legisladores, como la credencial que les permite circular y estacionar libremente, generó incomodidad dentro del bloque. Mientras el Gobierno lo considera un privilegio injustificado, algunos diputados lo defienden como una herramienta necesaria para su trabajo.
También existen objeciones desde el punto de vista jurídico. Algunos referentes sostienen que no es necesario derogar leyes antiguas de manera explícita, ya que en muchos casos quedan automáticamente sin efecto cuando se sancionan nuevas normas.
A pesar de estas tensiones, el oficialismo no descarta avanzar con el debate en comisión en los próximos días. La intención es que funcionarios del Ministerio de Desregulación expongan los fundamentos del proyecto y busquen destrabar las diferencias internas.
En paralelo, el Congreso también analiza otras iniciativas del Gobierno que generan mayor consenso, como la adhesión a tratados internacionales en materia de patentes, lo que muestra que la agenda legislativa sigue en movimiento.
El caso refleja un escenario político complejo: aunque el oficialismo impulsa una profunda transformación del Estado, no todos sus propios legisladores coinciden en cómo y cuándo avanzar. La discusión sobre la “Ley Hojarasca” se convierte así en una prueba clave para medir la cohesión interna del espacio libertario y su capacidad para sostener su agenda de reformas.
