El Gobierno nacional oficializó un nuevo marco normativo para regular la comercialización de productos de nicotina, incluyendo vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la resolución 549/2026 y marca un cambio significativo en la política sanitaria vigente hasta el momento.
La normativa establece reglas claras para ordenar el mercado, poniendo fin al esquema prohibitivo que regía desde hace más de una década. A partir de ahora, estos productos podrán comercializarse legalmente, siempre que cumplan con requisitos estrictos de registro, trazabilidad y estándares de calidad.
Según fuentes oficiales, el objetivo central es combatir el circuito informal que domina actualmente la venta de estos dispositivos. En ese contexto, se busca garantizar que todos los productos cuenten con controles sobre su composición, cumplan con regulaciones sanitarias y tributen impuestos, aspectos que hasta ahora no estaban asegurados.
Uno de los puntos clave de la nueva regulación es que ningún producto podrá venderse sin estar debidamente registrado. Además, los fabricantes y comercializadores deberán declarar los componentes utilizados y respetar límites en la concentración de nicotina y en los ingredientes permitidos.
Hasta la implementación de esta medida, la Argentina mantenía restricciones estrictas impulsadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud. Desde 2011, estaba prohibida la importación, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos, prohibición que luego se extendió a otros dispositivos similares, como el tabaco calentado.
El nuevo esquema busca dotar al Estado de mayores herramientas de control y fiscalización, permitiendo sancionar la venta irregular y reducir los riesgos asociados a productos sin supervisión sanitaria. Al mismo tiempo, apunta a transparentar un mercado que, pese a las prohibiciones, continuó funcionando de manera extendida en la informalidad.
La decisión se da en un contexto de creciente preocupación por el consumo de nicotina, especialmente entre jóvenes, y abre un nuevo escenario en el debate sobre regulación, salud pública y control del mercado de estos productos en el país.
