Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitieron dictamen de mayoría sobre el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa obtuvo 44 firmas y podría llegar al recinto el próximo 26 de agosto.
El oficialismo logró avanzar este miércoles con el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y solicitada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El dictamen incorpora cambios al régimen tributario y establece nuevas condiciones para los contribuyentes.
Uno de los principales puntos acordados durante el debate fue la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen de Inocencia Fiscal. La modificación fue incorporada a partir de propuestas de los bloques dialoguistas y permitió reunir el respaldo necesario para avanzar con el proyecto.
El dictamen de mayoría consiguió 44 firmas y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados el 26 de agosto. Del total de adhesiones, 32 corresponden a legisladores de La Libertad Avanza, cuatro al PRO, dos a la UCR y el resto a distintos bloques aliados. También hubo una firma en disidencia parcial de Provincias Unidas.
Qué establece para los funcionarios
La nueva redacción establece que quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen no podrán acceder a los beneficios de la Inocencia Fiscal.
La medida alcanza a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto a nivel nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
También quedan incluidos los legisladores nacionales, provinciales y porteños, los concejales municipales y los parlamentarios del Mercosur. La exclusión se extiende además a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como a integrantes de organismos de control y otros órganos de enjuiciamiento.
Los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y pagar el saldo correspondiente. Sin embargo, no tendrán acceso a beneficios como la presunción de exactitud de sus declaraciones, la liberación de fiscalizaciones ni otras inmunidades tributarias previstas por el régimen.
Los objetivos del proyecto
Según el oficialismo, los cambios buscan brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, reducir la carga punitiva sobre pequeñas y medianas empresas y establecer un esquema tributario con mayor previsibilidad.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la iniciativa apunta a generar mayor previsibilidad y alivio fiscal para ciudadanos y PyMEs que cumplen regularmente con sus obligaciones.
El proyecto también introduce modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural, dentro del esquema denominado Inocencia Fiscal.
Críticas de Unión por la Patria
Durante el tratamiento en comisión, los diputados de Unión por la Patria Carlos Castagneto y Ariel Rauschenberger rechazaron el proyecto del Poder Ejecutivo.
Castagneto cuestionó principalmente el proceso de modificación del texto y sostuvo que algunos de los cambios no habían sido conocidos previamente por todos los integrantes de la comisión.
Además, señaló que el nuevo régimen podría limitar las posibilidades de fiscalización e investigación por parte del Estado y expresó su preocupación por el impacto que tendría sobre la recaudación tributaria.
Con el dictamen aprobado, el proyecto de Inocencia Fiscal II quedó habilitado para continuar su tratamiento en Diputados. El próximo paso será su debate en el recinto, previsto para el 26 de agosto.
