El juez Julián Ercolini ordenó una serie de medidas para reconstruir el patrimonio de María Soledad Calle y profundizar la investigación sobre sus presuntos vínculos con USEM S.A. y la UOM.
La Justicia avanza con una investigación sobre el patrimonio de la sindicalista María Soledad Calle, quien adquirió el departamento ubicado en el primer piso de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, justo debajo de la vivienda de la expresidenta Cristina Kirchner.
En el marco del expediente, el juez federal Julián Ercolini dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Calle y ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir sus bienes, ingresos, movimientos laborales y posibles vínculos comerciales.
La investigación también alcanza al dirigente gremial Abel Furlán, a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a la empresa USEM S.A. y a otros integrantes de esa firma.
Pedidos de información a distintos organismos
Entre las medidas dispuestas por Ercolini se encuentra el pedido de información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.
En el caso de ARCA, el magistrado solicitó las declaraciones juradas de Calle y Furlán correspondientes a los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales entre 2022 y 2025.
Ese período resulta relevante para la investigación debido a la creación y posterior actividad de USEM S.A., una empresa que mantuvo un contrato de locación de servicios con la UOM.
También se pidió a la Anses información relacionada con los empleadores registrados, fechas de altas y bajas y remuneraciones percibidas por Calle.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, deberá aportar los estados contables presentados por la UOM correspondientes a los últimos cinco ejercicios.
Además, Migraciones deberá informar los movimientos migratorios que permitan completar la reconstrucción patrimonial y personal de los involucrados.
El departamento de San José 1111, bajo la lupa
Otra de las medidas ordenadas por el juez apunta directamente al inmueble adquirido por Calle.
Ercolini requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal un informe completo sobre la unidad funcional ubicada en San José 1111, primer piso, cuya titularidad registral se atribuye a la sindicalista.
El inmueble adquirió particular relevancia dentro de la investigación debido a que se encuentra inmediatamente debajo del departamento donde reside Cristina Kirchner.
La Justicia también solicitó información sobre dos vehículos que serían de Calle: un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive. A su vez, busca determinar si Calle y Furlán poseen embarcaciones.
El vínculo entre Calle, USEM S.A. y la UOM
Uno de los ejes de la investigación está puesto en la relación entre Calle, la empresa USEM S.A. y la Unión Obrera Metalúrgica.
Según la documentación incorporada al expediente, USEM fue creada en 2022 y Calle figura como una de sus fundadoras junto a Raúl Braconi. En la sociedad, fue designada como directora suplente.
Posteriormente, el 27 de febrero de 2023, USEM y la UOM suscribieron un contrato de locación de servicios destinado a gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes correspondientes a las distintas seccionales del sindicato y a su Secretariado Nacional.
El acuerdo establecía honorarios mensuales equivalentes al 0,5% del total ingresado cada mes a la cuenta fiduciaria.
El contrato comenzó a regir el 1° de marzo de 2023 y contemplaba una vigencia de diez años, hasta el 28 de febrero de 2033.
Por parte de la UOM aparecen como representantes Francisco Abel Furlán, Naldo Raúl Adalberto Brunelli, Osvaldo Esteban Lobato y José Luis Ortiz. Por USEM firmó su presidente, Adalberto Raúl Braconi.
Millonarios movimientos bajo investigación
La documentación incorporada a la causa incluye rendiciones de cuentas de USEM con movimientos millonarios y distintos conceptos de gastos.
Entre los desembolsos mencionados aparecen hasta $50 millones en concepto de “caja chica”, $22 millones correspondientes a un “Congreso MDP”, alrededor de $4 millones vinculados a una tarjeta corporativa, pagos a proveedores y más de $428.000 en TelePASE.
La información fue aportada por la defensa de Abel Furlán, exsecretario general de la UOM e investigado en el expediente.
De acuerdo con los contratos analizados, USEM debía rendir cuentas de su actividad ante el sindicato y no podía disponer de los fondos sin autorización de la UOM.
El convenio estaba relacionado con un fideicomiso que la UOM había constituido previamente con el Banco Nación para administrar y distribuir recursos entre sus seccionales.
Una empresa creada poco antes del nuevo convenio
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es el momento en que fue constituida USEM S.A.
La UOM contaba con un contrato de fideicomiso con el Banco Nación que vencía en 2022. Tras su reformulación, la entidad bancaria habría requerido que el sindicato seleccionara una empresa encargada de distribuir los fondos entre las distintas seccionales.
La UOM cuenta con 54 seccionales en todo el país y finalmente eligió a USEM para cumplir esa función.
La empresa había sido constituida apenas dos meses antes de la firma del contrato de servicios con el sindicato.
Según la investigación, el esquema bajo análisis habría implicado el manejo de fondos por montos significativos y una comisión mensual del 0,5%. La Justicia busca determinar, entre otros aspectos, si USEM llegó a administrar o intervenir sobre fondos por alrededor de $350 millones mensuales en concepto de comisiones.
La investigación busca reconstruir el patrimonio
Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario y los informes solicitados a distintos organismos, Ercolini busca establecer cómo se conformó el patrimonio de Calle y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos, bienes y movimientos económicos.
Las medidas también apuntan a esclarecer la relación entre la sindicalista, USEM y la UOM, además de analizar el funcionamiento del esquema financiero utilizado por el sindicato.
La investigación se encuentra en curso y las medidas ordenadas por el juez deberán aportar nuevos elementos para determinar el origen de los fondos, las relaciones económicas entre los involucrados y si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades judiciales.
