El Tribunal Oral Federal de Resistencia encontró responsables a todos los acusados. La investigación había reconstruido una estructura que, según la Fiscalía, utilizaba personas y empresas para generar facturación apócrifa y canalizar recursos de origen presuntamente ilícito.
La causa conocida como “facturas truchas” terminó este lunes con once condenas. El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio a conocer el veredicto después de un extenso juicio en el que se analizó el funcionamiento de una estructura dedicada, según la acusación, a la utilización de facturas apócrifas y al movimiento de fondos.
Los principales condenados fueron Walter Pasko y Fernando Ayala, quienes recibieron 10 años de prisión cada uno. El tribunal los consideró responsables como jefes y organizadores de una asociación ilícita fiscal y autores del delito de lavado de activos.
En el caso de María José Reinau, la pena establecida fue de siete años de prisión, como integrante de la asociación ilícita fiscal y autora del lavado de activos.
Qué investigó la Justicia
El expediente comenzó a partir de denuncias de personas que descubrieron que sus datos fiscales habían sido utilizados para registrar operaciones que no reconocían.
La investigación avanzó sobre un mecanismo que, de acuerdo con la Fiscalía, involucraba el uso de CUIT y claves fiscales de terceros, además de sociedades comerciales, cooperativas y fundaciones.
El objetivo de la maniobra habría sido emitir comprobantes por operaciones inexistentes para generar crédito fiscal y reducir las obligaciones tributarias.
Los investigadores también detectaron entidades cuya capacidad económica no parecía guardar relación con los montos que figuraban en sus registros. Algunas prácticamente no tenían empleados, bienes ni compras que permitieran respaldar los servicios millonarios que aparecían facturados.
La conexión con organismos públicos
La investigación tomó especial relevancia por la aparición de organismos estatales entre los destinatarios de parte de las operaciones analizadas.
Uno de ellos fue el entonces Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La acusación puso bajo la lupa cientos de millones de pesos vinculados con programas destinados a agricultura familiar, economía popular, obras, viviendas e infraestructura.
La cuestión del destino de esos recursos fue uno de los ejes del juicio, debido a que se trataba de fondos orientados originalmente a sectores vulnerables.
El tramo por lavado de activos
La causa también incluyó el análisis de la evolución patrimonial de algunos de los principales acusados.
En particular, la Fiscalía examinó el patrimonio de Pasko, Ayala y Reinau, incluyendo la adquisición de bienes muebles e inmuebles y movimientos registrados en cuentas bancarias.
Esos elementos fueron incorporados a la investigación sobre el presunto lavado de activos, delito por el cual fueron condenados Pasko, Ayala y Reinau.
Las otras ocho condenas
El tribunal también estableció penas para el resto de los acusados.
- Diana Yael Daniel: 6 años de prisión.
- María Belén Reinau: 5 años y 6 meses.
- Edith Marisel Ayala: 5 años.
- Álvaro Iván Pasko: 4 años y 6 meses.
- Jorge Pasko: 4 años y 6 meses.
- Ariel Ramón Acevedo: 4 años.
- Osvaldo Ramón Godoy: 4 años.
- Juana Elsa Brahim: 3 años y 6 meses.
En todos estos casos, las condenas estuvieron vinculadas con la responsabilidad atribuida por el delito de asociación ilícita fiscal, con distintos grados de participación.
Un veredicto que rechazó las absoluciones
Durante el juicio, las defensas habían cuestionado la prueba presentada por la acusación y sostuvieron que no permitía demostrar la existencia de una organización criminal ni establecer el origen ilícito de los bienes investigados.
El tribunal rechazó esos planteos y declaró culpables a los once acusados.
Con el veredicto, concluyó la etapa central de un proceso que durante años investigó el funcionamiento de una estructura de facturación apócrifa, su presunta vinculación con recursos públicos y el posterior movimiento de fondos que la acusación encuadró, en algunos casos, como lavado de activos.
