El Tribunal Oral Criminal N° 5 dictó sentencia tras seis meses de juicio oral. Las penas impuestas a los condenados son menores a tres años de prisión, por lo que resultan excarcelables. Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 13 de noviembre.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 5 de Comodoro Py resolvió absolver al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco de la causa «Sueños Compartidos», que investigó el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. En el mismo veredicto, los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg condenaron a los exfuncionarios José López y Abel Fatala, así como a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a penas inferiores a los tres años de prisión.
La resolución judicial se dio a conocer apenas un día antes de que prescribiera la acción penal, de acuerdo con el plazo considerado por la Fiscalía. Junto con De Vido, el tribunal dictó la absolución de Carlos Castellano (exfuncionario del Ministerio de Planificación), Daniel Freidin (exasesor de Fatala) y de Daniel Nasif y Karina Nasif (exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero).
El veredicto y el rol de los acusados
La jornada decisiva comenzó durante la mañana con la etapa de últimas palabras de los acusados. Daniel Nasif aseguró ante el tribunal que siempre estuvo a disposición de la Justicia y que jamás tuvo la intención de perjudicar al Estado. En la misma línea, Karina Nasif afirmó haber actuado de buena fe y calificó el proceso como «muy angustiante». Por su parte, Daniel Freidin y Carlos Castellano declinaron hacer uso de la palabra.
En la audiencia previa del viernes, el único que habló fue Sergio Schoklender, quien defendió el alcance del programa de viviendas y lanzó una alusión a la expresidenta Cristina Kirchner al declarar: «No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver». Julio De Vido, José López, Pablo Schoklender y Abel Fatala optaron por no emitir declaraciones antes de escuchar el veredicto. Cabe señalar que la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también estuvo procesada en este expediente hasta su fallecimiento en 2022.
Las claves de la investigación
Durante los seis meses que duró el juicio oral, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema de contrataciones directas coordinado entre funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y los apoderados del programa Sueños Compartidos.
Entre 2008 y 2011, el Estado nacional giró cerca de $900 millones a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la edificación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza, entre otros puntos del país. La acusación determinó que aproximadamente $206 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, lo que derivó en viviendas inconclusas y trabajadores que no cobraron sus salarios ni registraron los aportes correspondientes.
Pese a que la Fiscalía había solicitado penas de hasta seis años de cárcel y el decomiso de $206 millones, las condenas aplicadas fueron notablemente menores. Los jueces fijaron la fecha del 13 de noviembre para la lectura e integración de los fundamentos de la sentencia.
