El gobierno británico reafirmó de manera tajante su oposición a los reclamos de independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. A través del vocero del primer ministro, el Ejecutivo central ratificó su compromiso con el mantenimiento del Reino Unido y descartó de plano cualquier debate constitucional o la realización de futuras consultas populares.
En sus declaraciones, la portavocía oficial aseguró que el primer ministro laborista está convencido de que «el Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse».
Desde Downing Street instaron a las administraciones locales a priorizar la colaboración en pos de mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, el gobierno central se mostró dispuesto a discutir con los líderes regionales «mecanismos financieros capaces de garantizar una mayor seguridad económica», dejando en claro que no se involucrará en discusiones secesionistas. Esta postura mantiene la línea histórica de los sucesivos gobiernos británicos que han rechazado nuevos referendos desde el realizado en Escocia en 2014, cuando el 55% de los votantes optó por permanecer en el Reino Unido.
Un frente común con la mirada en la Unión Europea
El pronunciamiento de Londres se produjo como respuesta directa a una cumbre celebrada previamente por los principales referentes políticos de las tres naciones, quienes firmaron un «memorando de entendimiento» para coordinar sus estrategias de independencia.
Del encuentro participaron el primer ministro escocés, John Swinney (del Partido Nacional Escocés – SNP); el líder galés Rhun ap Iorwerth (de Plaid Cymru); la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill; y la presidenta del partido opositor irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, quien calificó el acuerdo como «histórico».
Aunque los dirigentes se reunieron a título partidario y no en representación oficial de sus ejecutivos, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron el derecho a la autodeterminación:
«Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia», manifestaron en el documento.
El acuerdo busca impulsar una «economía más fuerte y justa», desarrollar recursos energéticos propios y reinsertar a sus respectivos territorios dentro de la Unión Europea. A pesar de las diferentes realidades constitucionales de cada región, los firmantes remarcaron que continuarán trabajando juntos para que «cada nación determine su propio futuro a su manera y en su tiempo».
