El Decreto 1205/2026 establece un régimen reservado para determinadas compras de equipamiento de las Fuerzas Armadas. La medida se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno nacional dispuso un régimen de secreto militar para determinadas contrataciones vinculadas con la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La normativa establece que las operaciones alcanzadas quedarán exceptuadas de las disposiciones habituales relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones administrativas. De esta manera, determinados datos sobre los materiales adquiridos, los costos y los proveedores podrán mantenerse bajo reserva.
El fundamento oficial es que la divulgación de información vinculada con determinadas adquisiciones podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Argentina.
Entre los argumentos incluidos en el decreto figura la Ley 23.554 de Defensa Nacional, que define la defensa como una acción coordinada de las fuerzas de la Nación para enfrentar agresiones externas y garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
También se cita la Ley 24.948, que establece las responsabilidades del Ministerio de Defensa en la evaluación de los requerimientos de equipamiento y en la determinación de los recursos necesarios para cumplir los objetivos de la defensa.
A su vez, la disposición remite al Decreto 9390/63, que contempla la definición de secreto militar para información que, por razones de seguridad nacional, debe quedar limitada a personas autorizadas.
El decreto determina que los organismos contratantes deberán continuar con los procedimientos necesarios para realizar las adquisiciones, aunque las operaciones declaradas secretas quedarán exceptuadas de las reglas habituales de publicidad y difusión.
La medida no implica que desaparezcan los procedimientos administrativos de compra, sino que establece un tratamiento reservado para determinadas operaciones.
El alcance concreto dependerá de cuáles sean las adquisiciones comprendidas y de la información que resulte protegida bajo ese régimen.
La disposición se conoce mientras el Gobierno argentino desarrolla nuevas acciones diplomáticas y jurídicas relacionadas con la soberanía de las Islas Malvinas.
En ese marco, la Argentina presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
Ambas iniciativas se producen en un escenario en el que la defensa de la soberanía y la protección de los recursos naturales forman parte de las prioridades estratégicas planteadas por el Gobierno nacional.
