La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó que está ultimando los detalles para presentar una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas en el marco de supuestas obras realizadas en el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Según fuentes judiciales y fiscales, el organismo recaudador detectó comprobantes millonarios emitidos por empresas que no cuentan con estructura operativa, empleados, bienes ni actividad compatible con los trabajos facturados. Para ARCA, estas inconsistencias documentales podrían implicar un esquema de facturación falsa con impacto fiscal significativo.
La presentación, que se espera se formule en los próximos días ante la Justicia Federal, vincularía los comprobantes cuestionados a obras que, según la pesquisa, no se habrían concretado o fueron adjudicadas a firmas sin capacidad técnica real. El organismo fundamenta su acción en irregularidades detectadas tras tareas de fiscalización intervenciones administrativas previas.
La decisión de avanzar con una denuncia penal se dio luego de que la AFA se negara a remitir al organismo el listado completo del personal que habría intervenido en dichas obras, argumento que el ente de fútbol fundamentó en la “confidencialidad” de algunos ingresos al predio.
Empresas bajo la lupa
Entre los casos que se suman a la causa, ARCA puso especial atención en firmas como:
- Meroka SRL, que habría facturado alrededor de $7 millones por trabajos en Ezeiza, aunque sus actividades declaradas —como venta de alimentos o reparación de edificios— no guardan relación con obras de infraestructura.
- Maxstore SA, con comprobantes por más de $23 millones por trabajos de pintura, pese a no contar con domicilio fiscal detectable ni capacidad económica acorde.
- Central Hotel SRL, que emitió facturas por casi $9,6 millones pese a estar dedicada formalmente a servicios hoteleros.
Causa judicial previa y respuesta de la AFA
Esta nueva denuncia se sumaría al expediente que ARCA ya inició por la presunta retención indebida de aportes y tributos nacionales y de la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en el cual el juez Diego Amarante convocó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, con prohibición de salida del país para ambos.
Frente a estos avances, la AFA rechazó haber incurrido en deudas fiscales exigibles y sostuvo que los pagos respectivos fueron realizados de forma voluntaria y antes de sus vencimientos, cuestionando además la calificación penal de las presentaciones de ARCA.
