La Comisión Especial Investigadora por el caso del fentanilo adulterado volverá a reunirse este miércoles a las 9 de la mañana, en una jornada clave para avanzar en el esclarecimiento del episodio que dejó hasta el momento 173 muertes en distintas provincias del país. Para esta sesión, la comisión citó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a autoridades de la ANMAT. Sin embargo, según medios nacionales, Lugones no asistirá, aunque sí se espera la presencia de funcionarios del organismo regulador.
La comisión está presidida por la diputada socialista Mónica Fein, acompañada por Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) en las vicepresidencias. Las tres legisladoras impulsaron proyectos para promover una investigación parlamentaria que complemente el trabajo judicial del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal de La Plata.
Kreplak no solo recibió a los integrantes de la comisión en su juzgado, sino que también asistió al Congreso la semana pasada para exponer ante diputados y familiares de las víctimas.
Avances, datos y tensiones en la investigación
En diálogo con medios nacionales, Giudici afirmó que la comisión obtuvo respuestas de todos los organismos públicos requeridos —ANMAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y carteras provinciales— excepto del gobierno de Formosa, que no envió información.
“La conclusión a la que vamos arribando es que la responsabilidad de las muertes recae en los dueños del laboratorio y en los contactos políticos que lo mantuvieron protegido durante los gobiernos anteriores”, señaló.
Al referirse a los detalles brindados por Kreplak, la diputada destacó que el juez expuso la existencia de otras causas paralelas, que investigan posibles maniobras de contrabando, desvío de cantidad y eventuales coberturas políticas que habrían permitido el funcionamiento de tres laboratorios durante más de diez años.
En su visita al Congreso, el magistrado explicó que el primer paso de la investigación fue determinar qué centros de salud habían recibido el medicamento contaminado.
“Así reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que no existe en el sistema sanitario argentino. Se peritaron siete lotes: cinco fueron descartados y en dos se confirmó la adulteración”, precisó. Además, uno de esos lotes no llegó a aplicarse a pacientes.
Kreplak agregó que el equipo judicial continuará trabajando incluso durante la feria judicial, con el objetivo de analizar historias clínicas y unificar información dispersa. “Luego de la feria, enviaremos los casos de víctimas fatales y no fatales para aproximarnos a un número final. La idea es elevar la causa a juicio a mediados del año que viene, si la Cámara confirma nuestro trabajo”, sostuvo.
La voz de los familiares y los pedidos al Congreso
Desde el inicio, la comisión invitó a los familiares de las víctimas a participar de las reuniones. En uno de los últimos encuentros, presentaron una serie de propuestas que buscan evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. Entre ellas:
- Implementar un sistema integral y digital de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo, como fentanilo y opioides sintéticos.
- Crear un registro individual desde la producción hasta la administración al paciente.
- Exigir a laboratorios, droguerías y hospitales que informen en tiempo real cada movimiento del medicamento.
- Establecer una auditoría pública y judicial permanente.
- Digitalizar y centralizar la información sanitaria para que cada hospital o sanatorio tenga registros electrónicos interoperables.
Mientras tanto, familiares de víctimas también convocaron a una audiencia este miércoles a las 11, ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de Santa Fe, para avanzar en leyes y protocolos más estrictos de control.
Un caso que conmocionó al país
El fentanilo adulterado provocó 173 muertes en hospitales y centros de salud de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Los lotes contaminados provenían de Laboratorios HLB Pharma Group SA y fueron distribuidos a través de Droguería Ramallo SA.
Los responsables de ambas firmas, Ariel García Fulfaro (HLB Pharma y Laboratorio Ramallo) y Javier Tchukran, permanecen detenidos. El Ministerio de Salud se presentó como querellante, mientras que la ANMAT ordenó el recupero de los lotes adulterados y pidió a droguerías y hospitales información detallada sobre cómo fueron adquiridos.
