La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos testimonios y medidas de prueba que profundizan el análisis sobre su situación patrimonial y la de su esposa, Bettina Angeletti.
Uno de los aportes más relevantes fue el del contratista Matías Tabar, quien declaró que recibió un pago de 14 millones de pesos en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería destinados a renovar muebles en el departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.
La declaración fue incorporada al expediente que instruyen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, en el que se investigan los movimientos patrimoniales del funcionario.
Durante su testimonio, Tabar aclaró que su participación no estuvo vinculada a la refacción integral del inmueble realizada en 2025, sino a trabajos específicos de fabricación e instalación de mobiliario. Según detalló, fue convocado para contactar y coordinar al carpintero que ya había trabajado previamente con la pareja.
Entre los elementos encargados mencionó una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, mobiliario para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una consola, un espejo y otros muebles destinados principalmente al living y los dormitorios. De acuerdo a su versión, los trabajos fueron solicitados en diciembre y abonados entre enero y febrero de este año, siempre en efectivo y sin comprobantes.
A partir de esta declaración, el juez dispuso el peritaje del teléfono celular del contratista con el objetivo de analizar las conversaciones mantenidas con Adorni, Angeletti y distintos proveedores, y así verificar montos, fechas y modalidades de pago.
La causa también incorporó el testimonio de Leandro Miano, quien declaró en los tribunales federales de Comodoro Py. Miano mantiene vínculos comerciales con Pablo Martín Feijoo y ambos están relacionados con la firma de desarrollos urbanos TSJ Group, desde donde se gestionó la compraventa de un semipiso ubicado en la calle Miró al 500.
Según trascendió, durante su exposición Miano ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni mantiene por una inversión previa destinada a mejorar ese inmueble antes de su compra. Ese monto, indicó, fue aportado junto a su socio para poner en valor la propiedad, que luego fue adquirida por 230.000 dólares.
Los testimonios señalan que el funcionario habría acordado devolver esa suma sin plazo definido, sin intereses y sin documentación formal, lo que se suma a otros compromisos financieros bajo análisis en el expediente.
De acuerdo con los datos incorporados a la causa, el matrimonio habría realizado gastos por unos 365.000 dólares en propiedades en los últimos dos años y medio, mientras que también se investigan deudas que superarían los 335.000 dólares, la mayoría con vencimiento previsto para noviembre.
El eje central de la investigación apunta a determinar si los ingresos declarados por Adorni y Angeletti son suficientes para justificar tanto las erogaciones como las obligaciones asumidas.
En paralelo, aún no fueron presentadas las declaraciones juradas correspondientes a 2025 ante la Oficina Anticorrupción, cuyo plazo legal vence el próximo 31 de julio. Como parte de las últimas medidas, el juez Lijo ordenó además levantar el secreto fiscal de ambos ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de profundizar el análisis sobre su situación tributaria y patrimonial.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas en un expediente que mantiene alta repercusión política.
