El Gobierno nacional avanzará este miércoles con una nueva etapa de fiscalización sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia y contempla el desembarco de veedores oficiales en las sedes de ambas entidades para revisar documentación contable, societaria y administrativa.
Según trascendió, los representantes designados por el Gobierno comenzarán formalmente sus tareas desde las 13 y tendrán acceso a balances, contratos comerciales, libros societarios y registros internos vinculados al funcionamiento económico del fútbol argentino.
Los encargados de llevar adelante las veedurías serán el abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, quienes fueron nombrados por el Ministerio de Justicia para realizar controles durante un plazo de 180 días.
Qué busca investigar el Gobierno
La medida se enmarca dentro de las investigaciones impulsadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que fiscaliza entidades civiles y que desde hace meses analiza posibles irregularidades administrativas y financieras dentro de la AFA y la Superliga.
De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo es verificar contratos, movimientos societarios y operaciones económicas que se encuentran bajo observación. Entre los puntos que generan atención aparecen acuerdos comerciales, transferencias internacionales y estructuras financieras vinculadas al negocio del fútbol.
Desde el Ministerio de Justicia aclararon que no se trata de una intervención sobre la AFA, sino de una “veeduría administrativa” destinada a garantizar transparencia y acceso a la información.
Sin embargo, dentro del ambiente futbolístico la decisión fue interpretada como una medida de fuerte impacto político sobre la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
El conflicto entre el Gobierno y la AFA
La relación entre la Casa Rosada y la dirigencia de la AFA atraviesa desde hace tiempo un clima de tensión creciente. Las diferencias se profundizaron a partir de distintas investigaciones judiciales y denuncias vinculadas con presuntos manejos financieros y contratos internacionales.
Uno de los focos de análisis está puesto sobre operaciones relacionadas con TourProdEnter LLC, empresa señalada como agente comercial exclusivo de algunos contratos internacionales de la Selección Argentina.
Además, también existen actuaciones impulsadas por ARCA por supuestas irregularidades tributarias y aportes de seguridad social, causas que quedaron radicadas en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene motivaciones políticas y sostienen que el Gobierno busca avanzar sobre la estructura de poder del fútbol argentino.
Debate por las sedes y el control administrativo
Otro de los puntos en discusión es la competencia legal sobre el control de la AFA. Aunque históricamente la sede principal funcionó en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, la asociación trasladó en los últimos años su domicilio legal a Pilar, provincia de Buenos Aires.
La conducción de la AFA sostiene que, debido a ese cambio, el control administrativo corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. A pesar de eso, el Gobierno decidió avanzar igualmente con las veedurías a través de la IGJ.
En paralelo, los enviados del Ministerio de Justicia también se presentarán en la sede de la Superliga, ubicada en Puerto Madero, donde comenzarán las tareas de relevamiento documental.
Una etapa clave para el fútbol argentino
Durante los próximos seis meses, los veedores podrán solicitar documentación, analizar balances y elaborar informes técnicos sobre el funcionamiento financiero e institucional de ambas entidades.
La expectativa oficial está puesta en el nivel de colaboración que encuentren al momento de acceder a los registros y contratos bajo análisis.
Mientras tanto, el operativo marca un hecho de fuerte peso político: el ingreso formal del Estado nacional a una estructura históricamente resistente a los controles externos y que maneja millones de dólares vinculados al negocio del fútbol argentino.
