La causa conocida como “Propofest”, que tiene como imputados al anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y a la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, tuvo un nuevo giro judicial. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó sin efecto la decisión que había permitido avanzar hacia el juicio oral y ordenó que el expediente regrese al juzgado de instrucción para completar medidas de prueba pendientes.
El tribunal entendió que la investigación se cerró de manera prematura, debido a que todavía no se realizó el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Según la resolución, esa evidencia podría aportar información determinante para reconstruir cómo se habría desarrollado la presunta maniobra y establecer el grado de responsabilidad de cada uno.
La decisión fue firmada por el juez de Casación Nicolás Grappasonno, quien anuló la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 del 17 de julio y los actos dictados en consecuencia.
Los celulares, una prueba determinante
El planteo había sido impulsado por la fiscalía, que solicitó completar el análisis de los dispositivos electrónicos antes de dar por concluida la investigación.
Para el Ministerio Público Fiscal, el contenido de los teléfonos podría permitir reconstruir la dinámica de los hechos, identificar posibles comunicaciones relevantes y precisar la intervención de Boveri y Lanusse.
Sin embargo, el juez de instrucción había rechazado ese pedido al considerar que la causa estaba suficientemente investigada. También había sostenido que los resultados de los peritajes podían incorporarse durante el juicio oral.
Casación consideró que esa alternativa no era adecuada, porque la prueba pendiente podía tener consecuencias sobre la propia acusación y no constituía simplemente un elemento complementario.
En ese sentido, el magistrado sostuvo que el análisis de los celulares podía incluso modificar la plataforma fáctica de la imputación.
De qué se acusa a Boveri y Lanusse
Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fueron procesados el 10 de abril por el delito de defraudación por administración fraudulenta.
Al anestesiólogo se le atribuyó la condición de autor, mientras que a la médica residente se la consideró partícipe necesaria.
La hipótesis judicial sostiene que ambos habrían perjudicado los intereses del Hospital Italiano mediante el presunto desvío de propofol y otros insumos médicos utilizados para su preparación y administración.
Según la imputación, esos elementos habrían sido apartados de su destino legítimo para obtener un beneficio propio y utilizados en actividades ajenas a las prestaciones médicas autorizadas.
Los procesamientos habían sido confirmados por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, aunque en esa instancia ya se había señalado la necesidad de profundizar determinados aspectos de la investigación.
Cómo sigue la causa Propofest
El expediente había sido elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17. Sin embargo, la fiscalía insistió en que debía regresar a instrucción para completar las medidas pendientes.
La discusión derivó en un conflicto de competencia, debido a que el juzgado había aceptado parcialmente la devolución del expediente respecto de Lanusse, pero pretendía que continuara en el tribunal oral en relación con Boveri.
Ahora, Casación resolvió que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 deberá continuar interviniendo en la totalidad de la causa.
De esta manera, el expediente volverá a una etapa de investigación antes de que pueda avanzar hacia un eventual debate oral. El análisis de los dispositivos electrónicos será uno de los puntos centrales para determinar cómo continúa el proceso judicial.
