El Gobierno de la Provincia del Chaco destacó un fallo judicial sin precedentes en la lucha contra la violencia digital en contextos laborales y gremiales. Se trata de la Sentencia N° 125/25, dictada por la jueza de Faltas Marcela Cortés, que impone multas económicas y sanciones disciplinarias a tres personas –incluida una mujer– por la difusión no consentida de imágenes íntimas de una funcionaria del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.
La subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, y el subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro, se refirieron al fallo durante una conferencia de prensa este martes. Ambos funcionarios resaltaron la gravedad del caso y señalaron que esta condena no solo evidencia prácticas de violencia digital, sino también la inacción de quienes debieron proteger a la víctima. “Este fallo refleja la desprotección que sufren muchas trabajadoras, incluso por parte de quienes afirman cuidarlas”, expresó Ibarra.
Un fallo con impacto histórico
La sentencia se enmarca en un hecho ocurrido durante una asamblea gremial entre mayo y junio de 2024, cuando las imágenes fueron compartidas a través de servicios de mensajería, incluso al número institucional del gremio UPCP, a nombre de su secretario general José Niz.
Entre las sanciones dispuestas:
- Uno de los condenados deberá pagar una multa equivalente a 16 salarios mínimos, además de realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género.
- Los otros dos deberán abonar multas de siete salarios mínimos cada uno y cumplir con capacitaciones obligatorias según la Ley Micaela, tanto a nivel provincial como nacional.
Es la primera vez que se sanciona en Chaco a una mujer por ejercer violencia digital contra otra mujer, en el marco del nuevo capítulo sobre identidad digital del Código de Faltas.
Medidas administrativas y preventivas
El Ejecutivo provincial ordenó el cumplimiento de todas las sanciones administrativas para los empleados públicos involucrados, quienes prestaban funciones en el Ministerio de Gobierno. También se dispuso la retención de haberes y el descuento automático de las multas impuestas por la justicia.
La jueza Cortés instó además al Estado a fortalecer las políticas públicas de prevención, y el Ministerio de Gobierno impulsará capacitaciones obligatorias sobre violencia digital y protección de datos personales para todo el personal. Asimismo, se exhortó al sindicato UPCP a organizar un taller gratuito sobre violencia de género digital para sus afiliados.
Compromiso institucional
Durante la conferencia, Ibarra fue contundente: “No vamos a permitir que ninguna funcionaria, directora o trabajadora del Estado sufra violencia en su ámbito laboral o gremial”. También cuestionó la pasividad del gremio UPCP, que no activó protocolos ante un hecho de esta gravedad y, según el expediente, habría incluso facilitado la difusión del material con intencionalidad maliciosa.
El subsecretario Ferro ratificó la voluntad del Ejecutivo de avanzar con firmeza: “El funcionario público debe ser un ejemplo. No hay lugar en esta gestión para quienes ejercen violencia desde su posición institucional”.
Por su parte, la abogada querellante Mayra Leguiza celebró el fallo como un cambio de paradigma: “La responsabilidad no es de quien confía, sino de quien vulnera esa confianza y difunde contenido íntimo sin consentimiento”.
Un mensaje claro contra la violencia digital
El Gobierno del Chaco reafirma su compromiso con la defensa de los derechos digitales, la igualdad de género y la protección de la dignidad de las mujeres trabajadoras. Esta sentencia sienta un precedente contundente: la violencia digital es violencia de género, y será sancionada con todo el peso de la ley.
