La iniciativa, presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, busca promover el compostaje colectivo como herramienta de educación ambiental y gestión sustentable de residuos.
La Cámara de Diputados del Chaco avanza con una propuesta legislativa que apunta a consolidar una estrategia ambiental descentralizada: el fomento y regulación de composteras comunitarias en todo el territorio provincial. La iniciativa, impulsada por la presidenta del cuerpo legislativo, Carmen Noemí Delgado, busca incentivar el tratamiento local de residuos orgánicos, reducir la presión sobre los basurales y fortalecer la participación ciudadana en la gestión sustentable de los desechos.
El proyecto propone un marco normativo integral para facilitar la instalación y el manejo colectivo de composteras en espacios públicos y privados habilitados, con acompañamiento técnico de los municipios y respaldo institucional del Estado provincial.
Un modelo de economía circular con base comunitaria
Según la iniciativa, una compostera orgánica comunitaria será entendida como un sistema de tratamiento biológico de residuos gestionado por vecinos, organizaciones civiles o instituciones, con apoyo del gobierno local. El compost resultante —un fertilizante natural— podrá ser utilizado en jardines comunitarios, huertas escolares o espacios públicos.
Entre los objetivos principales de la ley se destacan:
- Reducción de residuos en origen, para aliviar la carga sobre rellenos sanitarios.
- Educación ambiental, mediante talleres y guías técnicas a cargo de especialistas.
- Participación ciudadana activa, con vecinos organizados en comités de gestión.
- Promoción de la economía circular, a través del aprovechamiento de los residuos como recursos.
- Mejora de la calidad del suelo en áreas urbanas y rurales.
Rol de los municipios y el Estado provincial
El proyecto contempla una distribución de responsabilidades entre la provincia y los municipios. Estos últimos serán actores clave para la identificación de espacios adecuados, el asesoramiento técnico, la autorización de proyectos en predios privados (como clubes o escuelas) y la capacitación de los grupos comunitarios responsables del manejo.
Por su parte, la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, que deberá coordinar políticas provinciales, elaborar materiales educativos, brindar asistencia técnica y facilitar el intercambio de experiencias exitosas entre municipios.
Además, se contempla la posibilidad de que la autoridad de aplicación celebre convenios de cooperación con universidades, ONG, instituciones científicas y otros organismos para fomentar el compostaje como práctica ambiental segura y eficaz.
Requisitos para las composteras
Los proyectos deberán incluir un plan de gestión, un comité responsable, mecanismos de higiene y normas de seguridad para evitar plagas o malos olores. La reglamentación futura establecerá los criterios técnicos mínimos que aseguren el correcto funcionamiento de los sistemas de compostaje.
Fundamentos: sostenibilidad, educación y cohesión social
El proyecto destaca que casi el 50% de los residuos urbanos generados son orgánicos, y que su tratamiento a través de compostaje comunitario disminuye emisiones de gases de efecto invernadero y lixiviados contaminantes. A su vez, la ley propone transformar estos desechos en un insumo útil, como el compost, que mejora la fertilidad de los suelos chaqueños.
Desde el Ejecutivo legislativo también se señala que la propuesta se alinea con la Ley Nacional 25.916 sobre gestión integral de residuos domiciliarios y con la Ley General del Ambiente 25.675, que prioriza el principio de prevención ambiental.
“Esta ley no sólo busca resolver un problema ambiental, sino construir ciudadanía ambiental, con vecinos que participan, se educan y colaboran en el cuidado de su entorno”, señala el texto en sus fundamentos.
El proyecto ya ingresó formalmente a la Cámara y se espera que sea tratado en comisión durante las próximas semanas.
