El Congreso de la Nación Argentina inicia esta semana la conformación de las comisiones legislativas que tendrán a su cargo el debate de dos de los proyectos más trascendentes de la agenda del Gobierno: la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.
La iniciativa oficial se pondrá en marcha con la formalización de las comisiones el próximo martes 10 de febrero, y el tratamiento de los proyectos está previsto para comenzar en el Senado de la Nación a partir del 11 de febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo nacional.
Reforma laboral: ejes y negociaciones
El proyecto de Modernización Laboral, impulsado por el presidente Javier Milei, plantea una revisión integral del marco laboral vigente con cambios en aspectos centrales como indemnizaciones por despido, cargas patronales y flexibilidad horaria, entre otros puntos que el Gobierno considera clave para fomentar la formalización del empleo.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) trabaja actualmente en la negociación de consensos con bloques legislativos considerados “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), para asegurar el avance de la iniciativa en las comisiones y luego en el recinto.
Sin embargo, la reforma laboral ha generado ya fuertes críticas desde los sindicatos, que anticiparon movilizaciones frente al Congreso y manifestaron su rechazo al proyecto al sostener que el mismo “no sólo no genera empleo, sino que recorta derechos adquiridos”.
Baja de imputabilidad: debate penal juvenil
Otro de los proyectos prioritarios es la Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad en Argentina, de 16 a 13 años, mediante la creación de un régimen especial para los menores que cometan delitos graves.
El texto contempla medidas tanto socioeducativas como penas alternativas para delitos menores, y plantea sanciones más severas —que podrían acercarse a las del régimen penal adulto— para jóvenes de 14 años o más implicados en delitos graves, con penas máximas de hasta 20 años.
Al mismo tiempo, para hechos con penas menores a tres años o hasta diez años sin violencia grave, se priorizan opciones como libertad asistida y trabajos comunitarios en lugar de la prisión efectiva.
Una agenda legislativa clave
La constitución de las comisiones marca el inicio formal del análisis técnico y político de estas dos iniciativas en el Senado, con miras a avanzar con rapidez en el debate durante las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta finales de febrero.
La reforma laboral y la discusión sobre la imputabilidad se han convertido en ejes centrales de la agenda del Gobierno, generando expectación y polémica entre legisladores, sindicatos, especialistas en derecho penal y organizaciones sociales, ante el impacto que podrían tener ambas leyes en la sociedad y el sistema jurídico argentino.
