Roberto Espiro Mitar fue condenado a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de cuatro millones de pesos por someter a una mujer con discapacidad intelectual a condiciones de servidumbre sexual y laboral. La víctima había sido trasladada desde San Luis y entregada a la familia del acusado a cambio de dinero, según determinó la Justicia.
Durante dos meses, la joven fue forzada a realizar tareas domésticas, vender productos en la vía pública y mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Logró escapar en un descuido de su captor mientras vendían hilos y medias, y su denuncia permitió desarticular una red de abuso y violencia sistemática.
El Tribunal Oral Federal de San Juan calificó los hechos como un caso de “compra” de persona y explotación múltiple. La investigación incluyó declaraciones en Cámara Gesell y reveló intentos de encubrimiento por parte del entorno del acusado.
El fallo marca un precedente en la lucha contra la trata, la violencia de género y la explotación de personas en situación de vulnerabilidad.
