El presidente Javier Milei firmó el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca autorizar el pago a fondos de inversión que aún litigaban contra la Argentina por la cesación de pagos de 2001, en un intento por cerrar uno de los capítulos pendientes de la crisis de deuda.
La iniciativa apunta a dar respaldo legislativo a un acuerdo alcanzado con acreedores que no habían ingresado a los canjes de deuda realizados en años posteriores al default. Entre ellos se encuentran los fondos Bainbridge y Attestor, que contaban con fallos firmes a su favor en tribunales internacionales.
Según trascendió, los reclamos involucrados rondaban los 600 millones de dólares, aunque el monto final a pagar sería menor debido a compensaciones ya ejecutadas sobre garantías vinculadas a bonos anteriores.
Desde el Gobierno explicaron que la decisión de enviar el acuerdo al Congreso busca otorgarle mayor solidez jurídica y política, reduciendo el riesgo de futuras impugnaciones. En esa línea, consideran que la vía legislativa refuerza la seguridad del entendimiento alcanzado en los tribunales de Nueva York.
Además, la negociación permitió frenar medidas de embargo que aún estaban en curso en Estados Unidos. Entre ellas, intentos de avanzar sobre activos estatales como acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, que quedaron en suspenso mientras se define la aprobación parlamentaria.
El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para resolver litigios heredados del default de 2001. Mientras mantiene la defensa en causas abiertas, el Gobierno busca cerrar aquellos conflictos que considera encaminados a una salida negociada.
El default declarado a fines de 2001 dio origen a numerosos juicios por parte de acreedores que no aceptaron las reestructuraciones posteriores, conocidos como “holdouts” o fondos buitre, lo que derivó en extensos litigios internacionales que aún hoy generan consecuencias para la Argentina.
Con esta iniciativa, la Casa Rosada busca avanzar en la normalización financiera del país y despejar frentes judiciales abiertos desde hace más de dos décadas, en un contexto en el que también se desarrollan otras disputas en tribunales internacionales vinculadas a la deuda y activos argentinos.
