Las principales uniones de empresas que operan el transporte público en el área metropolitana del Chaco formalizaron ante la Dirección Provincial del Trabajo la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Esta medida, de ser aceptada, habilitaría recortes salariales y suspensiones de personal, y abre una instancia clave de negociación con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Gobierno provincial.
Las firmas aseguran que desde principios de 2024 el sistema de transporte público arrastra un déficit creciente, tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte de la Nación, sin que la Provincia haya podido cubrir esa diferencia. Según su estimación, el sistema perdió más del 25% de sus ingresos, lo que representa un desfinanciamiento cercano a los $2.000 millones.
En el documento presentado, los concesionarios argumentan que el desequilibrio económico se profundizó por el aumento sostenido de los salarios y una caída en la cantidad de pasajeros, sin que se hayan aprobado propuestas para reorganizar o reducir recorridos considerados de baja productividad.
El PPC se plantea, según las empresas, como un paso previo a posibles medidas directas, con el objetivo de alcanzar acuerdos con el gremio que permitan “brindar sustentabilidad al sistema”.
Las tarifas técnicas del servicio no se actualizan desde la audiencia pública de octubre de 2024 —basada en costos de septiembre de ese año—, cuando se fijó un valor de referencia de $1.770, mientras que los empresarios aseguran que hoy ese monto debería ser de al menos $2.842. “La diferencia la venimos absorbiendo, con serias tensiones internas y conflictos laborales”, sostienen.
Suspensiones y reestructuración
Las empresas involucradas, que operan líneas como la 101, 106, 107, 205, 2 y 9, además de la 3, 8, 11, 12 y 206, emplean en conjunto a unos 600 trabajadores. La propuesta presentada contempla suspender al 20% del personal por un período de seis meses, con el pago del 50% del salario sin adicionales. Las suspensiones serían rotativas.
Para el resto del personal, se pide congelar los sueldos a valores de enero de 2025, con un salario de bolsillo estimado en $1,2 millones. Además, se propone reorganizar la jornada laboral actual de ocho horas corridas a turnos de cuatro horas, ajustados a la demanda real de pasajeros.
Desde el Estado provincial, en tanto, insisten en que se están realizando los mayores esfuerzos posibles para sostener el sistema mediante subsidios, aunque aún no se pronunció formalmente sobre el pedido de las concesionarias.
