Mariano Cúneo Libarona reafirmó su respaldo al proyecto de Régimen Penal Juvenil que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y sostuvo que la iniciativa debe enviar “un mensaje claro” a la sociedad: “el que las hace, las paga.”
En declaraciones radiales, el funcionario defendió el avance de la propuesta que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora debe ser tratada por el Senado de la Nación, al afirmar que la ley tiene que transmitir límites y dar una respuesta contundente frente a delitos cometidos por menores.
“La ley tiene que transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga, que tiene que tener algún tipo de límite el menor”, sostuvo Cúneo Libarona, al ratificar la postura del Ejecutivo en medio de un intenso debate político sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil. El ministro sostuvo que el sistema actual “fracasó” y que la reforma busca modernizarlo, incorporando garantías y obligaciones para que los menores en conflicto con la ley puedan reinserirse en la sociedad tras cumplir las sanciones previstas.
El proyecto oficial no contempla la prisión perpetua para menores, y según expuso el ministro, los jóvenes que cometan delitos graves cumplirán eventuales penas en institutos especializados, con un equipo de supervisión y acompañamiento familiar. Además, se prevé el desarrollo de programas de educación obligatoria, formación profesional y actividades deportivas con apoyo estatal para facilitar la reinserción social de los adolescentes infractores.
Cúneo Libarona remarcó que más allá de sancionar, la ley pretende garantizar que las víctimas sientan que hay justicia efectiva y para ello insistió en la necesidad de que el proyecto sea convertido en ley en el Senado “por el bien de Argentina, la justicia y la sociedad”.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad se da en un contexto de preocupación social por los hechos delictivos cometidos por menores, y la propuesta oficial continúa generando posiciones encontradas entre expertos en derecho penal, organizaciones de derechos humanos y distintos sectores políticos que analizan el impacto de la norma en el sistema de justicia y en las políticas públicas de prevención y seguridad.
