El Gobierno nacional continuó este jueves el proceso de depuración del sistema de medicina prepaga, oficializando la baja de otras 13 empresas que no completaron los requisitos para obtener la inscripción definitiva y operar legalmente como prestadoras de salud privadas.
La medida fue formalizada a través de un edicto de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicado en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Silvia Noemí Viazzi. Según el texto oficial, estas empresas se encontraban inscriptas de manera provisoria o con trámites administrativos inconclusos, por lo cual se rechazó la inscripción definitiva y se procedió a dar de baja sus registros.
Con esta nueva decisión, ya son más de 140 las prepagas excluidas del padrón desde el inicio de la actual gestión y 40 las bajas dispuestas solo en lo que va de 2026, en el marco de un proceso de reordenamiento del sector.
Prepagas afectadas
Las empresas alcanzadas por la medida son: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).
Objetivo del Gobierno
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud indicaron que estas acciones forman parte de un control y ordenamiento del padrón de prestadores, con el fin de garantizar que las entidades habilitadas cumplan con las condiciones legales, administrativas y operativas exigidas por la normativa vigente.
Este proceso se enmarca en una política más amplia de revisión y actualización del sistema de medicina prepaga que el Gobierno ha impulsado desde 2024, buscando mayor transparencia y control sobre las empresas que ofrecen planes de salud financiados total o parcialmente con aportes de la seguridad social.
Las bajas comunicadas buscan también informar formalmente a los usuarios de estas compañías sobre el rechazo de su inscripción definitiva, dando inicio a las instancias administrativas correspondientes para dar cumplimiento a la Ley 26.682.
