El Gobierno nacional confirmó que el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero, reactivando un intenso debate político y social sobre la responsabilidad penal de adolescentes.
La iniciativa oficial busca modificar el régimen penal juvenil vigente desde hace décadas, con el argumento de que la legislación actual está desactualizada frente a las nuevas formas de delincuencia y no ofrece respuestas eficaces ante delitos graves cometidos por menores. En concreto, la propuesta establecería un piso de imputabilidad a partir de los 13 años, lo que implica que jóvenes a partir de esa edad puedan ser juzgados y sancionados penalmente bajo determinadas condiciones.
Aunque el Gobierno confía en el respaldo de sus aliados para avanzar con la reforma, sectores dentro del propio oficialismo y aliados legislativos plantearon cuestionamientos sobre aspectos del proyecto, en particular sobre fijar los 13 años como edad mínima, y dejaron abierta la posibilidad de elevar ese límite a 14 años si no se alcanza consenso en el debate parlamentario.
El proyecto, que también está siendo promovido por ministros del Ejecutivo y legisladores afines, será analizado durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta el 27 del mismo mes, en el marco de una agenda que incluye múltiples temas de la administración actual.
La discusión sobre la disminución de la edad de imputabilidad enfrenta posiciones diversas en el escenario político y social argentino. Quienes apoyan la iniciativa sostienen que permitiría combatir mejor la “impunidad” en casos de delitos graves cometidos por adolescentes, mientras que sectores de la oposición y organismos especializados advierten sobre riesgos legales, éticos y de cumplimiento de estándares internacionales relacionados con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
