El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La medida fue establecida mediante el Decreto 695/2025, que combina la venta de acciones a inversores privados con un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.
Actualmente, el control de Nucleoeléctrica está repartido entre el Estado nacional con un 79 %, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20 % y Energía Argentina S.A. (ENARSA) con un 1 %. Bajo el nuevo esquema, se venderá el 44 % de las acciones a través de una licitación pública, tanto nacional como internacional. Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5 %, destinado a los trabajadores de la empresa. El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 % restante, garantizando el control mayoritario.
En paralelo, se dispuso que ENARSA transfiera su 1 % de acciones en NASA al Estado, y que Nucleoeléctrica ceda un 0,01 % de su participación en ENARSA.
El Ejecutivo justificó la medida argumentando que la gestión estatal no ha garantizado la eficiencia económica deseada y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos. Entre estos se destacan la extensión de vida útil de la central Atucha I, prevista para 2027, la finalización del proyecto de almacenamiento en seco para elementos combustibles de Atucha II, así como la reducción del déficit fiscal y la diversificación de riesgos en la gestión de la empresa.
En 2023, Nucleoeléctrica recibió transferencias por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a esto, el Gobierno insiste en la necesidad de sumar socios privados para fortalecer la competitividad del sector.
En 2024, la compañía alcanzó un récord histórico al generar 10,4 millones de MWh con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero destaca que para mantener y mejorar este desempeño, además de encarar nuevas inversiones, es fundamental abrir la puerta al capital privado.
La conducción del proceso estará a cargo del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La licitación será pública y se realizará bajo los lineamientos de la Ley 23.696, con la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada. Finalmente, se enviará un informe a la Comisión Bicameral del Congreso para cumplir con los requisitos legales.
