El Gobierno nacional dispuso la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de supervisar su funcionamiento administrativo y financiero y analizar en detalle balances, contratos y registros internos.
La medida fue impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y formalizada mediante una resolución firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según se estableció, los veedores tendrán acceso a documentación contable, acuerdos comerciales y decisiones administrativas de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Auditoría y control sin intervención
La decisión no implica una intervención directa ni el desplazamiento de las autoridades de la AFA, pero sí habilita un proceso de control sobre su gestión institucional. Durante este período, los especialistas designados podrán requerir información, revisar documentación clave y elaborar un informe final sobre el estado administrativo y económico de la organización.
Los veedores nombrados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco, quienes deberán elevar sus conclusiones a la IGJ una vez finalizada la auditoría.
Qué se investigará
El foco estará puesto en el análisis de balances, contratos vigentes y el manejo general de los recursos de la AFA. Además, se evaluarán decisiones administrativas y el funcionamiento institucional de la entidad, en un contexto donde el organismo de control busca mayor transparencia en la gestión.
El informe final podría derivar en nuevas medidas administrativas o judiciales en caso de detectarse irregularidades, lo que abre un escenario de posible profundización del conflicto entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.
Un tema con impacto político y deportivo
La AFA, como entidad rectora del fútbol argentino y representante del país ante organismos internacionales, tiene un peso institucional y económico significativo. Por eso, cualquier medida vinculada a su funcionamiento genera impacto tanto en el ámbito deportivo como en el político.
Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en un mayor control sobre una de las instituciones más influyentes del país, en medio de tensiones previas por la entrega de documentación y cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.
La auditoría se extenderá durante seis meses y sus resultados serán clave para definir los próximos pasos en la relación entre el Estado y la conducción del fútbol argentino.
