La Casa Rosada considera que todavía no existe margen fiscal para avanzar con una reducción estructural de impuestos sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo analiza llevar el debate al terreno electoral y presentar una eventual reforma integral como una de las promesas para un segundo mandato de Javier Milei.
El Gobierno nacional decidió postergar el envío al Congreso de una reforma tributaria integral y comenzó a evaluar que el rediseño del sistema impositivo forme parte de la agenda electoral de 2027. La decisión responde, principalmente, a la falta de margen fiscal para reducir de manera permanente la recaudación sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
La definición representa un cambio respecto del cronograma que la Casa Rosada había manejado durante el último año. El Ejecutivo se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar una propuesta de reforma hacia fines de 2026, pero actualmente ya no trabaja con un escenario concreto para enviar un paquete integral al Parlamento.
El objetivo político, sin embargo, permanece: avanzar hacia un sistema con menos impuestos y una menor presión tributaria. En el oficialismo incluso analizan que una reforma de mayor alcance pueda convertirse en una de las principales propuestas económicas de un eventual segundo mandato de Javier Milei.
El equilibrio fiscal, en el centro de la decisión
La principal limitación que encuentra el Gobierno es la situación de las cuentas públicas. Hasta julio, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI), pero el resultado financiero, luego del pago de intereses de la deuda, fue de apenas 0,1% del PBI.
Durante julio, el resultado primario alcanzó los $2,96 billones, mientras que el resultado financiero fue positivo en $244.897 millones.
La evolución de los meses anteriores también muestra un escenario con escaso margen para resignar ingresos de manera permanente. Entre enero y mayo se registraron resultados financieros positivos, pero en junio las cuentas volvieron a mostrar un déficit de $1,025 billones antes de recuperar el superávit en julio.
Además, parte del resultado positivo de enero estuvo asociado a ingresos extraordinarios vinculados con la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas. Sin esos recursos de capital, el superávit financiero de ese mes habría sido considerablemente menor.
Para el equipo económico, estos datos refuerzan la necesidad de evitar compromisos que impliquen una caída permanente de la recaudación hasta contar con una posición fiscal más sólida.
Qué impuestos estaban bajo análisis
La reforma que se discutió durante los últimos meses contemplaba modificaciones de amplio alcance sobre el sistema tributario argentino.
Entre las alternativas que fueron analizadas aparecieron una simplificación del IVA, cambios en el impuesto a las Ganancias, modificaciones al régimen del Monotributo y una reducción progresiva de Bienes Personales.
También se evaluó transformar el impuesto a los débitos y créditos bancarios —conocido como impuesto al cheque— en un pago a cuenta hasta avanzar eventualmente hacia su eliminación.
El esquema incluía además propuestas vinculadas con los derechos de exportación y la posibilidad de coordinar una reducción de la carga tributaria provincial y municipal, particularmente sobre Ingresos Brutos y las tasas locales.
La complejidad de estas modificaciones excede al Gobierno nacional, ya que una reforma integral requiere acuerdos con gobernadores y, en determinados aspectos, con intendentes.
Una reforma que también necesita acuerdo con las provincias
Uno de los principales desafíos políticos es la dimensión federal de cualquier cambio tributario de fondo.
La Casa Rosada pretende que una eventual reducción de impuestos nacionales sea acompañada por una disminución de Ingresos Brutos y de determinadas tasas municipales. Para avanzar en ese sentido sería necesario alcanzar acuerdos con las provincias y los municipios.
El Consejo de Mayo también abordó esta problemática y consideró que una eventual modificación del régimen de coparticipación requiere una discusión específica con todas las jurisdicciones.
Por ese motivo, el Gobierno diferencia entre las reducciones impositivas puntuales que pueden implementarse desde el Poder Ejecutivo y una reforma estructural, que demanda acuerdos políticos más amplios y una definición precisa sobre cómo compensar la pérdida de recursos.
El Gobierno apuesta al crecimiento para bajar impuestos
La estrategia oficial parte de una premisa: para reducir impuestos de manera sostenible primero debe aumentar el margen fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había planteado que el crecimiento de la actividad y una mayor formalización de la economía deberían generar recursos adicionales que permitan reducir progresivamente la presión tributaria sin abandonar el superávit.
En julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $17,09 billones, con un incremento interanual del 30,4%. El gasto primario, en tanto, llegó a $14,13 billones y aumentó 24,4%. Los recursos tributarios crecieron 29,6%.
La prioridad del equipo económico es que el gasto continúe creciendo por debajo de los ingresos para generar el espacio necesario para futuras reducciones impositivas.
Bajas puntuales, pero sin reforma integral
La postergación de la reforma no significa que el Gobierno haya abandonado su política de reducción de impuestos.
El Ejecutivo mantiene un esquema de disminución de derechos de exportación para determinados sectores agropecuarios y continúa con la eliminación progresiva de retenciones industriales.
Caputo también sostuvo que la eliminación completa de los derechos de exportación forma parte de los objetivos económicos de un eventual segundo mandato de Milei.
La diferencia está en el alcance: mientras algunas reducciones pueden aplicarse de manera sectorial y gradual, una reforma integral que involucre al IVA, Ganancias, el impuesto al cheque y otros tributos tendría un impacto mucho mayor sobre la recaudación.
Por eso, antes de avanzar, Economía necesita determinar qué gastos podrían reducirse, qué bases imponibles podrían ampliarse o qué ingresos podrían compensar la eventual pérdida de recursos.
Una promesa económica con horizonte electoral
La postergación también modifica el calendario político de la reforma.
Durante 2025, el Gobierno había evaluado dividir el paquete tributario en distintos proyectos para reducir su impacto fiscal y facilitar su tratamiento legislativo. Luego, la posibilidad de avanzar quedó condicionada a la evolución de la actividad económica y de la recaudación.
Durante los últimos meses, además, dejó de existir un cronograma definido para el envío de una reforma integral al Congreso.
Ahora, la estrategia apunta a preservar el superávit, avanzar con las reducciones que ya tienen un sendero establecido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar las bajas puntuales.
En ese escenario, la reforma tributaria podría dejar de ser una iniciativa legislativa inmediata para convertirse en uno de los principales ejes económicos de la campaña de 2027.
La apuesta del oficialismo es que, si la economía logra consolidar el crecimiento y las cuentas públicas generan un mayor margen, el Gobierno pueda presentar una reducción más profunda de la carga tributaria como parte de su proyecto para un eventual segundo mandato.
Hasta entonces, la prioridad de la Casa Rosada seguirá siendo sostener el equilibrio fiscal y evitar que una reducción anticipada de impuestos comprometa uno de los principales pilares de la política económica de Javier Milei.
