El Gobierno nacional presentó un recurso judicial ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión de la reforma laboral y recuperar la vigencia de una de sus principales leyes económicas.
La medida se realizó a través de un “per saltum”, un mecanismo excepcional que permite llevar el caso directamente al máximo tribunal, sin pasar por instancias intermedias. La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro en representación del Estado nacional.
El planteo apunta a revertir el fallo de un juzgado laboral que, a fines de marzo, suspendió más de 80 artículos de la reforma tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Desde el Ejecutivo sostienen que esa decisión judicial no es válida, ya que consideran que un juez de primera instancia no tiene competencia para frenar una ley nacional con alcance en todo el país. Además, argumentan que la medida genera incertidumbre jurídica y afecta tanto a trabajadores como a empleadores.
En el recurso, el Gobierno también calificó la situación como de “gravedad institucional”, al entender que se pone en riesgo la división de poderes si un tribunal inferior puede suspender normas aprobadas por el Congreso.
La estrategia oficial busca que la Corte intervenga de manera urgente, suspenda los efectos de la medida cautelar y restituya la aplicación de la reforma mientras se resuelve el conflicto de fondo.
La reforma laboral, aprobada este año, introduce cambios profundos en el sistema de trabajo, como modificaciones en las condiciones de contratación, indemnizaciones y organización laboral, lo que generó un fuerte rechazo sindical y una serie de presentaciones judiciales.
Con esta presentación, el Gobierno intenta acelerar los tiempos judiciales y sostener su programa de reformas, en medio de una creciente disputa con sectores sindicales y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la norma.
