La iniciativa impulsada por la Asesoría General de la Gobernación busca articular a los equipos legales del Ejecutivo e incorporar Inteligencia Artificial, digitalización y capacitaciones. Contará con el respaldo de la UNNE y del Consejo de Abogados.
Con el firme objetivo de fortalecer la calidad institucional, unificar criterios técnico-jurídicos y agilizar los procesos en la administración pública, el Gobierno del Chaco presentó oficialmente la Red de Abogados del Estado. Esta iniciativa, articulada por la Asesoría General de la Gobernación, promete consolidar un trabajo coordinado e interdisciplinario entre todos los profesionales que integran las áreas legales del Ejecutivo provincial.
El lanzamiento incluyó la firma de un convenio marco de colaboración mutua junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo de Abogados. Ambas instituciones brindarán acompañamiento técnico y académico para la actualización continua de los letrados estatales.
Unificación de criterios y alcance provincial
Durante la presentación, el asesor legal del Gobierno, Federico Valdés, acompañado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, explicó que esta red responde a una planificación estratégica que se ejecuta desde el inicio de la actual gestión:
“Es parte de una hoja de ruta que iniciamos desde la Asesoría General. Hemos conformado los equipos en sumarios, dictámenes, sentencias y control de los actos administrativos que luego debe suscribir el gobernador. En este trabajo de la red vamos a formar y trabajar en conjunto con todos los equipos legales de la provincia. Buscamos conformar criterios jurídicos, articular y generar sinergia para mejorar la calidad jurídica del Estado”, afirmó Valdés.
En una primera etapa, la propuesta abarca a los cuerpos jurídicos de ministerios y secretarías, extendiéndose hacia entes autárquicos y empresas del Estado. Posteriormente, se proyecta un segundo tramo que sumará a los equipos legales de los municipios para cubrir todo el territorio chaqueño.
Ejes clave: Inteligencia Artificial, digitalización y ética
La modernización del aparato estatal mediante herramientas tecnológicas es uno de los pilares de la propuesta. En este marco, se llevará adelante una capacitación especializada en Inteligencia Artificial (IA) orientada a los equipos técnicos, desarrollada junto al ILAP de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A su vez, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se dictará un programa para optimizar los circuitos de la gestión administrativa.
“Es un trabajo a largo plazo con una dirección muy clara marcada por el Gobernador: mejorar el Estado, estar de cara al ciudadano y dar un mejor servicio todos los días”, remarcó el Asesor Legal.
El respaldo académico y profesional
Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho de la UNNE, Mónica Anís, subrayó el compromiso institucional con la transparencia y el cuidado del patrimonio público:
“Estamos comprometidos con la modernización y la capacitación necesaria para mejorar el servicio jurídico. Esto tiene que ver directamente con el cuidado de la cosa pública”, sostuvo Anís, destacando que la universidad pondrá a disposición su cuerpo docente especialista en derecho administrativo.
En tanto, el presidente del Consejo de Abogados, Miguel Vigier, ponderó el valor de cruzar la experiencia de los letrados litigantes con la función pública:
“La idea es sumarnos a capacitar y aportar desde nuestra experiencia, ya que muchos de nuestros matriculados litigan ante el Estado y esa mirada sirve para retroalimentar el sistema”, expresó Vigier. Respecto al uso de nuevas tecnologías, añadió: “Hoy la Inteligencia Artificial es una herramienta diaria. Además del aspecto metodológico, debemos atender la cuestión ética. Su incorporación correcta puede acelerar muchísimo la capacidad de respuesta del Estado”.
Con la creación de esta red, el Gobierno provincial da un paso estratégico hacia una gestión administrativa moderna, orientada a blindar legalmente las políticas públicas, dotar de mayor transparencia a los actos de gobierno y garantizar celeridad en las respuestas a la ciudadanía.
