El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una norma que estaba pendiente de aplicación desde su sanción, y puso en marcha un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad.
La medida fue publicada este miércoles 3 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei. La decisión se adoptó en respuesta a una orden judicial tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválida la suspensión de la ley y exigió su implementación en un plazo establecido.
Qué establece la reglamentación
La norma establece los criterios operativos y administrativos del nuevo régimen de pensiones no contributivas, denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que busca garantizar una cobertura social y económica más clara y estructurada para las personas con discapacidad.
Entre los principales puntos de la reglamentación se destacan:
- Definición de requisitos de acceso, condiciones de permanencia y incompatibilidades con otros beneficios.
- Procedimientos administrativos y mecanismos de control y evaluación socioeconómica.
- La conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas anteriormente al nuevo régimen, sin necesidad de que los beneficiarios presenten un trámite adicional.
Asimismo, el decreto centraliza la política de discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que deberá coordinar con el Consejo Federal de Discapacidad los criterios de evaluación y un plan de auditorías periódicas.
Contexto y vigencia
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad —sancionada en 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026— había enfrentado un largo proceso político y legal, incluyendo la suspensión de su aplicación por falta de definición de financiamiento y posteriores acciones judiciales que ordenaron su ejecución plena.
Con la reglamentación ya en vigencia desde principios de febrero, el Gobierno avanza en el despliegue de medidas concretas para materializar los derechos sociales de las personas con discapacidad y fortalecer el sistema de protección, en el marco de una política que combina aspectos sociales, sanitarios y administrativos.
