El oficialismo en la Legislatura del Chaco presentó un proyecto de ley que propone establecer restricciones administrativas para personas u organizaciones vinculadas a la usurpación de inmuebles públicos o privados en la provincia. La iniciativa busca limitar el acceso a beneficios estatales y fijar sanciones administrativas en determinados casos.
La propuesta fue impulsada por la diputada Carina Botteri Disoff y plantea que quienes participen, organicen, promuevan o instiguen ocupaciones ilegales de terrenos, viviendas o complejos habitacionales no podrán acceder a planes sociales, programas, subsidios ni ningún otro beneficio otorgado por el Estado chaqueño.
Restricciones y plazos
Según el texto del proyecto, la restricción tendrá una duración de tres años desde el cese de la ocupación ilegítima. En caso de reincidencia, el plazo podría extenderse hasta cinco años.
Además, la iniciativa establece incompatibilidades con el empleo público provincial para personas condenadas por usurpación con sentencia judicial firme. En esos casos, se prohíbe el ingreso al Estado “mientras subsistan los efectos de la condena”.
Para los agentes estatales que ya se encuentren en funciones, se prevé la apertura de sumarios administrativos. En tanto, los funcionarios políticos serán pasibles de remoción inmediata si cuentan con una condena firme.
Asimismo, el proyecto fija una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos en cualquier organismo del Estado provincial.
Registro de beneficiarios sociales
Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Único de Beneficiarios Sociales, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano. El objetivo será centralizar la información sobre personas que reciben asistencia estatal.
El registro incluirá datos personales, historial de beneficios, situación habitacional y eventuales restricciones previstas en la ley. La información será confidencial y de uso exclusivo administrativo.
Servicios públicos y excepciones
El proyecto también prohíbe la conexión de servicios públicos en inmuebles donde no se acredite la posesión o tenencia legítima. Sin embargo, contempla excepciones en casos de vulnerabilidad social debidamente acreditada.
Fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos, los autores del proyecto argumentan que la medida busca establecer un régimen de consecuencias administrativas ante el incremento de ocupaciones ilegales de terrenos y viviendas en la provincia.
Según se sostiene, estas situaciones generan conflictos sociales, vulneran derechos constitucionales y afectan la convivencia pacífica.
No obstante, el texto aclara que la iniciativa “no pretende criminalizar la necesidad ni desconocerla”, sino diferenciar los casos de vulnerabilidad social de aquellas acciones organizadas que afectan el orden público.
El proyecto ahora deberá ser debatido en comisiones antes de su eventual tratamiento en el recinto legislativo.
