El escándalo que envuelve a la Bolsa de Comercio del Chaco por presuntas maniobras financieras irregulares dio ayer un nuevo giro: el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco inició una investigación formal para determinar si fondos públicos de distintas comunas chaqueñas fueron afectados por operaciones realizadas con esa entidad bursátil.
La medida se adoptó tras las denuncias por presuntas pérdidas millonarias que habrían sufrido inversores y, de manera particular, la Bruno Cipolini, quien en los últimos días adelantó que el municipio de Sáenz Peña impulsará acciones penales contra la Bolsa por presunta estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Oficios a intendentes y pedido de informes
El máximo organismo de control de las cuentas públicas chaqueñas remitió oficios a los 70 municipios de la provincia para que informen si utilizaron recursos públicos en inversiones a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, bajo qué modalidades se hicieron esas operaciones y qué resultados arrojaron en términos de ganancias o pérdidas.
Los requerimientos, enviados con intervención de fiscales relatores y del área de administración municipal, fijan plazos estrictos para la presentación de documentación y balances. La intención oficial es establecer si las operaciones se realizaron con respaldo legal y dentro de los marcos permitidos para el manejo de fondos públicos.
Fuentes ligadas al Tribunal señalaron que, aunque Sáenz Peña fue el caso que detonó la investigación, no descartan que otras comunas también puedan haber destinado parte de su presupuesto a instrumentos financieros de riesgo no garantizados, lo que estaría bajo análisis.
Contexto del conflicto
El actual malestar comenzó luego de que concejales justicialistas denunciaran supuestas irregularidades en la gestión de fondos municipales invertidos en la Bolsa de Comercio del Chaco, lo cual generó un fuerte cuestionamiento político y mediático. En respuesta, el intendente Cipolini sostuvo que la comuna fue “víctima” de inversiones que no fueron autorizadas y que derivaron en pérdidas significativas, y adelantó la presentación de acciones legales y administrativas correspondientes.
La causa, además, ya cuenta con una investigación preliminar en la Justicia Federal, donde se analizan posibles conductas delictivas vinculadas a las presuntas irregularidades en la oferta de operaciones presentadas como “garantizadas” por la Bolsa.
Repercusiones y siguientes pasos
El caso ha generado incertidumbre en el ámbito político y financiero de la provincia, así como consultas entre otros intendentes sobre la situación de sus cuentas comunales. El Tribunal de Cuentas deberá ahora definir si las gestiones municipales actuaron dentro de los límites legales al invertir en la entidad bursátil y, en caso contrario, determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
La investigación será clave para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades: si se trató de decisiones aisladas de algunos municipios o si existe un patrón más extendido que requiera medidas de mayor alcance por parte de los organismos de control provincial.
