Grave denuncia del Gobierno: acusan operación de inteligencia ilegal para desestabilizar las elecciones

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La Casa Rosada presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta maniobra de espionaje ilegal y desinformación con supuesta influencia extranjera.

El Gobierno nacional denunció este domingo una operación de inteligencia ilegal con el objetivo de manipular el escenario político de cara a las próximas elecciones legislativas. La presentación judicial advierte sobre una maniobra “planificada” que incluyó la captación y difusión clandestina de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del entorno presidencial.

Según el comunicado oficial publicado por la Vocería Presidencial en la red social X (ex Twitter), no se trataría de una filtración aislada, sino de una estrategia “escalonada” y con fines políticos para “generar caos y desinformación” que condicione el proceso electoral.

La denuncia apunta directamente a un grupo de personas entre las que se encuentran el periodista Mauro Federico, el secretario ejecutivo de la AFA y empresario de medios Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial —quien semanas atrás había declarado que «hay que espiar al presidente»—, y el abogado Franco Bindi, a quien vinculan con el ex jefe de inteligencia Fernando Pocino.

El Gobierno sostiene que las grabaciones podrían haberse realizado dentro de la misma Casa Rosada, lo que elevaría el nivel de gravedad del hecho al constituir una “amenaza sin precedentes” a la seguridad institucional y a la figura presidencial.

Además, la vocería oficial señaló que la operación tendría “patrones similares” a acciones atribuidas a intereses extranjeros, específicamente rusos y chavistas, y que representaría una violación directa a la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe cualquier tipo de espionaje político o manipulación clandestina de la opinión pública.

La presentación judicial incluye un pedido de medidas cautelares urgentes para impedir la difusión de nuevas filtraciones y preservar la integridad del proceso electoral en marcha.

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