Este lunes se dio inicio al juicio oral contra Aída Ayala, exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales durante la gestión de Mauricio Macri, acusada por presuntas irregularidades en la compra de maquinaria con sobreprecios en la localidad chaqueña de Quitilipi. La exfuncionaria radical no declaró en la primera audiencia y su defensa solicitó la nulidad del proceso.
El pedido se fundamenta en lo que consideran un manejo irregular del expediente, en particular por el rol cambiante del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien inicialmente fue citado como testigo y luego imputado. Según la abogada de Ayala, Claudia Mongelo, este cambio afecta la validez legal de la causa.
Ayala, por su parte, negó cualquier responsabilidad durante un cuarto intermedio: “No compré ni autoricé ninguna compra. Todo fue gestionado por Casalboni”, afirmó. También cuestionó los fundamentos de la acusación al señalar que existían mecanismos nacionales de control y que era imposible supervisar de manera directa las gestiones de todos los municipios participantes del programa Mi Pueblo.
En la causa también están implicados excolaboradores de Ayala y el empresario Claudio Tolosa, titular de la empresa Service Hogar, quien habría sido favorecido con contrataciones directas.
El tribunal deberá resolver en los próximos días si da lugar al planteo de nulidad o si continúa con el juicio, que podría tener implicancias relevantes para otras investigaciones similares.
