El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante la jueza Loretta Preska, que interviene en el juicio por la expropiación de YPF, para solicitar la suspensión del proceso de discovery y de los reclamos de desacato promovidos por los demandantes en esa causa judicial en Nueva York.
En el escrito elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, la Procuración del Tesoro de la Nación argumentó que los mecanismos que permiten a los acreedores solicitar información y rastrear posibles activos embargables se han vuelto “intrusivos y desproporcionados”, lo que —según el Estado— afecta la soberanía argentina y sus relaciones internacionales.
El denominado discovery es el procedimiento que habilita a los beneficiarios de la sentencia para requerir documentos y datos que permitan identificar bienes del Estado que puedan ejecutarse para cumplir con resoluciones judiciales. La Argentina aseguró ante la Justicia que ya cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal, aportando “información razonablemente relevante en un volumen sin precedentes”.
No obstante, el Gobierno afirmó que los demandantes aumentaron sus pedidos con exigencias que considera “jurídicamente inaceptables, invasivas y costosas”, incluso reclamando detalles sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina, bienes que el Ejecutivo sostiene están protegidos por inmunidad de ejecución y no son embargables.
Las autoridades calificaron estos pedidos como una desnaturalización del proceso judicial, transformándolo en una herramienta de presión que entorpece el funcionamiento estatal y la recuperación económica del país. El Gobierno advirtió que continuará actuando por todas las vías legales disponibles para defender la soberanía nacional y poner freno a reclamos que considera ilegítimos y contrarios al derecho internacional.
El juicio por la expropiación de YPF, que se inició tras la nacionalización de la petrolera en 2012, ha generado múltiples capítulos judiciales y disputas internacionales, incluida la ejecución parcial de la sentencia que obligó al Estado argentino a pagar una millonaria indemnización a los demandantes
