Autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud para analizar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvo una reunión con funcionarios del Gobierno nacional para abordar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan atención y acompañamiento al sector.
El encuentro se realizó en el Ministerio de Salud y fue convocado por autoridades nacionales, en un contexto marcado por las dificultades que atraviesa el sistema de prestaciones y por el debate legislativo en torno a la emergencia en discapacidad.
Desde la Iglesia valoraron la apertura de un espacio de diálogo, aunque remarcaron que el desafío será transformar los acuerdos iniciales en medidas concretas.
“Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades”, sostuvo María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad constituida recientemente por la CEA.
La referente consideró que se trata de un primer paso y confirmó que habrá una nueva reunión entre representantes de la Iglesia y funcionarios del área de Salud. Además, planteó la necesidad de ampliar la cantidad de referentes que participen de la mesa.
“Es un camino que recién empieza”, señaló Baya Casal.
Reclamo por el cumplimiento de la legislación vigente
Durante la reunión, la Iglesia presentó un documento con sus principales inquietudes y planteó distintas alternativas frente a la situación que atraviesa el sector.
Según explicó Baya Casal, se analizaron posibles soluciones y caminos para “rectificar o ratificar algunos actos”, mientras que también quedaron tareas pendientes para avanzar en la recopilación y sistematización de información.
Uno de los principales puntos planteados estuvo relacionado con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de discapacidad.
“Hay incumplimientos de la ley vigente, de emergencia, que son reales. El Gobierno los acepta. Es una ley que no se cumple en su totalidad”, afirmó la coordinadora de la Mesa de Discapacidad.
En ese marco, señaló que uno de los aspectos pendientes está relacionado con las compensaciones y actualizaciones correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2025, que, según indicó, conformarían parte de la deuda que el Estado mantiene con el sector.
La Iglesia busca ampliar el espacio de diálogo
Desde la Conferencia Episcopal explicaron que la participación en la reunión se produjo a partir de una invitación del Gobierno nacional, con el objetivo de abordar la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su cuidado, acompañamiento e inclusión.
La Iglesia planteó que su objetivo es fortalecer el acompañamiento que brinda a este colectivo y contribuir a la búsqueda de respuestas frente a las dificultades que atraviesan las instituciones y quienes reciben sus servicios.
En ese sentido, desde la CEA consideraron que la convocatoria oficial constituye una oportunidad para avanzar en un diálogo que permita encontrar respuestas concretas a las necesidades del sector.
Por parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, y otros funcionarios del área.
En representación de la Iglesia estuvieron el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal.
La Mesa de Discapacidad de la CEA está integrada por representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.
El contexto del debate por la emergencia en discapacidad
El encuentro se produjo mientras el Congreso debate el futuro de la legislación vinculada con la emergencia en discapacidad.
El oficialismo consiguió recientemente dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para impulsar un proyecto que busca reemplazar la emergencia vigente por un nuevo régimen permanente.
La iniciativa oficial, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”, obtuvo 42 firmas, mientras que el proyecto de la oposición para prorrogar la emergencia reunió 36.
La propuesta del Gobierno plantea establecer un esquema permanente orientado a garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y, según sus impulsores, brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica al sistema.
Entre sus principales puntos contempla mantener la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización, además de garantizar a sus beneficiarios el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud.
El proyecto también establece que las personas que reciben esta pensión puedan trabajar y contempla beneficios impositivos para los empleadores que las incorporen por tiempo indeterminado.
Otro de los ejes es la continuidad del nomenclador universal y la homogeneidad de los aranceles, junto con mecanismos de actualización y partidas presupuestarias específicas destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema.
La próxima reunión, un nuevo capítulo del diálogo
En medio de este escenario, la Iglesia y el Gobierno acordaron continuar las conversaciones. Baya Casal anticipó que habrá un nuevo encuentro y remarcó la intención de incorporar a más referentes a la mesa.
La próxima instancia será seguida de cerca por las organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman respuestas frente a las dificultades económicas y operativas que atraviesa el sistema.
La coordinadora de la Mesa de Discapacidad también mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y su recorrido por el Cottolengo Don Orione, previsto para noviembre.
Según explicó, esa visita constituye un gesto concreto que puede contribuir a visibilizar la situación de las personas con discapacidad y generar mayor atención social e institucional. Aclaró, no obstante, que el tema no fue abordado específicamente durante la reunión con los funcionarios.
Por ahora, el diálogo quedó abierto. La Iglesia valoró la convocatoria oficial, pero dejó planteado que el próximo paso deberá ser convertir los compromisos y conversaciones iniciales en medidas concretas para las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.
