El fallo de la jueza de Faltas Marcela Fabiana Cortés, con una fuerte crítica hacia los estamentos provinciales y municipales por los piquetes.
Los piquetes, un drama con el que deben convivir los resistencianos a diario. La jueza Cortés sugiere la creación de una ley de manifestaciones públicas.
Cortés, en su resolución notificada el viernes pasado a todas las partes, donde son 106 los movimientos denunciados por el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, y el municipio por los cortes entre octubre 2022 y febrero de este año, convocó a una audiencia a realizarse el martes 2 de mayo, a las 9, en un lugar que tendrá que disponer el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
‘La cuestión ya no da para más, las manifestaciones son cada vez más numerosas, frecuentes y algunas de ellas violentas. Algunos integrantes de las manifestaciones no toleran que un ciudadano quiera por una cuestión propia urgente atravesar el piquete, lo terminan agrediendo o dañando su vehículo, pero estos sí pretenden que la misma sociedad en la que ellos y su familia viven toleren la interrupción del tránsito y otras molestias y afectaciones a derechos constitucionales por su modalidad de petición‘, sentenció la magistrada.
A través de Norte se anticipa cuál es el ‘plan de acción ‘o ‘pacto social‘ que sugiere la magistrada sobre el expediente número 508/23. En el punto 5, la jueza considera la importancia de ‘delimitar lo que le corresponde a cada uno en esta cuestión y garantizar la participación de todos los actores sociales involucrados en la temática a fin de elaborar un plan de acción o pacto social que establezca, entre otras cosas: un mecanismo de petición en el que se identifique al grupo que se manifiesta, lo que pide, el trámite asignado, la respuesta, su seguimiento y la comunicación a los organismos de control‘.
La jueza Marcela Fabiana Cortés convoca a acordar varios puntos para regular los cortes de calle.
La jueza propone que en el acuerdo deberán ‘fijarse los lugares y horarios en los cuales se debe garantizar la libre circulación de los transportes públicos de pasajeros, ambulancias y transportes escolares o automóviles, cumpliendo dicho fin y el normal desarrollo de las actividades en edificios de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, escuelas, hospitales, sanatorios, del Poder Judicial y Legislativo‘.
También que se anuncie de manera anticipada sobre las marchas o concentraciones. Otros de los puntos señalados por Cortés es que el 2 de mayo tendrá que disponerse ‘un lugar alternativo u otros canales donde se pueda visibilizar la petición, el seguimiento y control de lo peticionado a las autoridades públicas‘.
‘Exhortar a los movimientos que se manifiesten por las calles, de restringir en menor medida el derecho de otros permitiendo la circulación de vehículos, absteniéndose de generar daños a las personas o bienes‘.
Lo que sucede en cada corte. El acuerdo de prosperar habilitaría a obligar al movimiento social a reparar los daños, aparte de una causa judicial.
«Un equipo de trabajo permanente» y capacitación para los operadores
También en su fallo del viernes 14 de abril, la jueza de Faltas Marcela Cortés deja en claro qué sucedería si se produjeran agresiones o daños a personas y propiedades: es uno de los puntos que están dentro de los probables acuerdos, una vez que se realice la audiencia el 2 de mayo, desde las 9.
‘Para el caso de comprobarse flagrantemente daños dolosos a propiedades de terceros que no participan en la protesta se descuenten de las erogaciones a percibir, los gastos de su reparación al movimiento social, cooperativa o fundación que se manifiesta independientemente de la individualización del agresor‘.
La jueza Cortes remarca ‘la necesidad de declarar una ley de manifestaciones públicas que no solo regule el actuar policial. También los aspectos señalados y la actuación de los funcionarios públicos a quienes el reclamo va dirigido, de las alternativas que se le debe brindar al grupo que se manifiesta, previas a la irrupción del tránsito o la concentración en lugares públicos‘.
Finalmente, el acuerdo debería incluir ‘un equipo de trabajo permanente: agentes de tránsito, Guardia Comunitaria, Policía, Justicia, mediadores, funcionarios del gobierno, defensores y derechos humanos, y solicitar al Centro de Estudios Judiciales la capacitación de los operadores de justicia‘, donde invoca las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
