La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes que el Gobierno nacional está obligado a aplicar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), promulgada tras la insistencia del Congreso de la Nación en 2025, y a ejecutar sus principales disposiciones, como la actualización de salarios docentes y no docentes, la recomposición de las becas estudiantiles y el sostenimiento de los programas de investigación.
El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hace lugar a la demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a numerosas universidades públicas, que reclamaban el cumplimiento de la ley luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su aplicación a través de un decreto.
Qué ordena la resolución judicial
La Cámara confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia que obliga al Estado nacional a:
- Actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Recomponer las becas estudiantiles para reflejar la inflación acumulada.
- Garantizar el financiamiento de programas de investigación en todo el sistema universitario.
Los magistrados señalaron que la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo no puede prevalecer por sobre la normativa aprobada por el Congreso, ya que, según la jerarquía normativa equivalente, todas las leyes nacionales deben ser cumplidas en función del principio de juridicidad.
Duro cuestionamiento al Gobierno
En su resolución, el tribunal criticó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y consideró que los argumentos oficiales para frenar la aplicación de la ley resultaban “poco serios” y no alteran de manera significativa el interés público. Por el contrario, los jueces destacaron que el derecho a la educación superior pública está directamente en juego si la norma no se ejecuta.
Contexto del conflicto
El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.795 con amplia mayoría tras el veto presidencial, el cual fue rechazado por ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno promulgó la norma sin asignar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación, argumentando que la ley no establecía fuentes claras de financiamiento.
La falta de cumplimiento de la ley generó protestas de docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias en distintos puntos del país, con reclamos escalados en las últimas semanas para exigir la aplicación de la normativa.
Qué puede suceder a continuación
Tras la confirmación de la obligación de aplicar la ley, el Gobierno nacional analiza una apelación judicial y evalúa plantear recursos extraordinarios. En paralelo, continúa el debate político en torno a la financiación de las universidades públicas y el impacto presupuestario que implica la aplicación plena de la ley para el ejercicio 2026.
El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el sistema universitario argentino, con implicaciones directas sobre las condiciones laborales, el funcionamiento de las instituciones educativas y el acceso a la educación superior en todo el país.
