El fallo podría ordenar la entrega inmediata de las acciones o permitir que el país siga apelando.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de NuevaYorkresolverá hoy si Argentina debe entregar el 51% de las acciones que posee en YPF o si podrá continuar con la apelación sin desprenderse de ese capital. La decisión se enmarca en el pedido de suspensión presentado por el Estado argentino, que busca postergar la ejecución de la orden judicial hasta que se determine si el fallo de la jueza Loretta Preska es válido. Esta definición podría tener un fuerte impacto económico y diplomático para el país.
El conflicto judicial se originó en 2012, tras la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En primera instancia, la jueza Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización. Los intereses acumulados elevaron la cifra a USD 18.000 millones. La audiencia de apelación está prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas, pero el fondo Burford Capital —principal beneficiario del juicio— presiona para ejecutar la transferencia inmediata de las acciones.
Burford sostiene que el Estado y la petrolera operan como una sola entidad y solicitó acceso a comunicaciones y documentos de exministros, además de reclamar la transferencia directa de las acciones. Preska ya ordenó esa entrega, pero Argentina pidió suspenderla hasta septiembre. Entre las sanciones posibles si el país incumple, se mencionan multas, trabas para emitir deuda, restricciones a funcionarios y revocación de visas.
La Corte de Apelaciones tiene tres opciones: rechazar la suspensión y confirmar la orden de Preska, otorgarla pero exigiendo una garantía distinta a las acciones, o concederla plenamente. En caso de un resultado adverso, el Gobierno anticipó que acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esta instancia rara vez interviene en este tipo de litigios.
Si la resolución favorece a Argentina, la entrega de las acciones quedará en suspenso hasta que la Cámara se pronuncie sobre la legalidad de la orden. Si es contraria y el país no acata, podría ser declarado en desacato, lo que abriría un escenario de consecuencias legales y financieras más amplias, en un momento crítico para la estrategia oficial de atraer inversiones.
