El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que había establecido el denominado protocolo antipiquetes, el marco de actuación de las fuerzas federales ante manifestaciones sociales y cortes de calle impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich y sostenido por la actual ministra, Alejandra Monteoliva.
La decisión fue adoptada este lunes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que hizo lugar a una acción de amparo al considerar que el protocolo presenta vicios en su conformación legal. En su fallo, el magistrado sostuvo que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva al Congreso, lo que constituye una vulneración del principio de división de poderes.
Cormick también señaló que las personas que se consideren perjudicadas por la aplicación del protocolo podrán recurrir de manera individual a la Justicia penal. En ese sentido, precisó que quienes hayan sufrido hechos por parte de las fuerzas policiales o de seguridad en el marco de las instrucciones impartidas por la Resolución 943/23 deberán realizar las denuncias correspondientes conforme a las competencias legales vigentes.
Se trata del segundo revés judicial para el Gobierno nacional en pocos días. La semana pasada, el mismo juez había ordenado la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que —al igual que la declaración de la Emergencia en Discapacidad— continúa suspendida pese a haber sido aprobada por el Congreso.
Tras conocerse la resolución, el Gobierno adelantó que apelará el fallo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó al respecto a través de sus redes sociales, donde afirmó: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”. En el mismo mensaje, sostuvo que la medida judicial “responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.
