La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó este miércoles nuevas revelaciones luego de la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá.
El testigo compareció ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aportó documentación, contratos y conversaciones vinculadas al alquiler de una propiedad utilizada por el funcionario nacional y su familia durante los últimos años.
Nuevos pagos y una extensión verbal del alquiler
Según trascendió de fuentes judiciales, la Justicia ya tenía conocimiento de un contrato anual mediante el cual Adorni habría pagado 13.000 dólares para alquilar una vivienda en el barrio privado mientras realizaba remodelaciones en una propiedad adquirida en la misma zona.
Ahora, el dueño del inmueble declaró que ese acuerdo se extendió de manera verbal por tres meses adicionales debido a demoras en la finalización de la obra. Por ese período extra, el funcionario habría abonado otros 2.400 dólares.
Rodríguez también reveló que existió un contrato previo firmado en octubre de 2023, antes de la asunción presidencial de Javier Milei. Según su declaración, Adorni alquiló la misma vivienda durante enero y febrero de 2024, ya en funciones como vocero presidencial, por un total de 5.600 dólares.
Todos los pagos habrían sido en efectivo y en dólares
De acuerdo con la información incorporada al expediente, los pagos relacionados con los alquileres se habrían realizado en efectivo y en moneda extranjera. El testigo entregó además copias de los contratos y mensajes intercambiados con el funcionario.
Con estos nuevos datos, la Justicia estima que Adorni y su familia habrían desembolsado aproximadamente 21.000 dólares por el alquiler de la propiedad durante un período total de 18 meses.
La remodelación de la casa bajo investigación
La investigación también pone el foco sobre la remodelación de la vivienda adquirida por Adorni en el country Indio Cuá. Días atrás, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que las obras tuvieron un costo cercano a los 245.000 dólares y que los pagos también se realizaron en efectivo.
La propiedad había sido comprada por alrededor de 120.000 dólares y las reformas se extendieron entre septiembre de 2024 y julio de 2025, según consta en la causa.
La causa por enriquecimiento ilícito
La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes buscan determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados.
En ese marco, la Justicia analiza movimientos financieros, gastos, contratos y operaciones vinculadas tanto a Adorni como a su entorno familiar. Además, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) deberá elaborar un informe patrimonial integral para detectar posibles inconsistencias.
