El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, en una medida clave dentro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga sus movimientos financieros y patrimoniales.
La decisión fue tomada en las últimas horas en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, y busca permitir el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, consumos, inversiones, transferencias y bienes de la pareja. Según se desprende de la investigación, el objetivo es determinar si existe una evolución patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados.
La causa se inició en medio de distintas polémicas públicas que pusieron en duda el nivel de gastos del funcionario. Entre ellas, se encuentran viajes al exterior, el uso de vuelos privados y la compra de propiedades, situaciones que despertaron sospechas sobre el origen de los fondos y motivaron el avance judicial.
En ese contexto, el magistrado también dispuso levantar el secreto fiscal de otras personas vinculadas al expediente, señaladas como presuntas prestamistas o acreedoras de Adorni. Esta medida apunta a reconstruir el circuito financiero completo y verificar posibles movimientos irregulares o inconsistencias en las declaraciones patrimoniales.
El caso se enmarca en una investigación más amplia que analiza operaciones relacionadas con la firma “AS Innovación Profesional”, vinculada al funcionario y su entorno cercano. Los peritajes buscarán establecer si hubo maniobras que puedan configurar delitos económicos o si los movimientos registrados tienen respaldo legal.
La resolución judicial representa un paso significativo en la causa, ya que el levantamiento del secreto bancario y fiscal suele ser una herramienta clave para avanzar en investigaciones de este tipo. Con esta información, la Justicia podrá contrastar ingresos, gastos y bienes declarados, y determinar si existen irregularidades.
Mientras tanto, el avance del expediente genera impacto político dentro del Gobierno nacional, donde se sigue de cerca la evolución del caso ante la posibilidad de nuevas medidas judiciales. Por ahora, no hay imputaciones confirmadas, pero la investigación continúa y podría escalar en función de los resultados de las pericias en curso.
